El Ministerio de Economía les recordó a los bonistas que pueden cambiar al Banco de Nueva York Mellon (BoNY) como agente de pagos por el "incumplimiento del fiduciario en transferir los fondos que les pertenecen". Además, los instó a iniciar acciones legales en la Corte de Estados Unidos por ser "contrarias a sus intereses". La posibilidad de cambiar la jurisdicción, en cambio, es la que analizaría el Gobierno.
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La cartera de Axel Kicillof publicó un comunicado en su portal web donde les desliza a los acreedores que existen varios "remedios judiciales" a su disposición previstos en los contratos de los títulos públicos en el caso en que el BoNY incumpla con su rol. La falta en este caso es no transferirles a los bonistas los fondos que el Estado giró a su favor.
Con este mensaje a los bonistas, la cartera económica deja entrever la posibilidad de que el Gobierno retome una de las alternativas que maneja desde que la sentencia de Griesa quedó firme: la posibilidad de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de Nueva York a Buenos Aires. Esta es una medida que siempre barajó la Casa Rosada para continuar con los pagos a los tenedores de bonos que sí ingresaron al canje evitando que el longevo juez neoyorquino trabe algún embargo sobre esos fondos.
"Los tenedores de una mayoría de capital acumulado de los títulos de deuda en circulación, de cualquier serie, podrán remover al agente fiduciario del cargo en cualquier momento y designar a un sucesor", dice el Ministerio.
Todo ello, amplía la cartera económica, "sin perjuicio de la posibilidad de promover activamente las otras acciones que resulten pertinentes para hacer valer sus derechos-toda vez que se le están reteniendo indebidamente fondos que son de su exclusiva propiedad-, entre ellas la de apelar las órdenes judiciales de la Corte de Distrito Sur de Nueva York que consideren contrarias a sus intereses, o de iniciar las nuevas acciones judiciales que estimen corresponder. No obstante, la República Argentina continuará desarrollando los cursos de acción destinados a defender y preservar sus derechos y los de los bonistas".
Sin embargo, sobre el final aclara que el aviso no tiene que entenderse como un asesoramiento legal por parte del Gobierno.
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