El gobierno confirmó ayer que recurrirá al mecanismo del per saltum para llegar en forma directa a la Corte Suprema y evitar así que los amparos dispuestos en favor de industrias con contratos interrumpibles terminen afectando el suministro del fluido a los usuarios residenciales. El anuncio de la medida, adelantada por este diario, fue hecho por el ministro de Interior, Aníbal Fernández, que aseguró que «la Secretaría de Energía trabaja en una presentación para recurrir a la Corte Suprema».
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En opinión de Fernández, los industriales pretenden que la Justicia «por una medida cautelar les diga de acá en más que son no interrumpibles y les permita hacerse de gas por un valor mucho menor». Dijo, además, que para esos casos «la Secretaría de Energía, como parte del Estado, defenderá de la mejor manera para que, a todos los que tengan contratos ininterrumpibles y hayan pagado por ello, se les cumpla, y los otros tendrán que atenerse a la situación particular de sus propios contratos».
Al reiterar el programa de uso racional de gas lanzado por el gobierno, admitió que la industria sí tendrá incrementos porque deberá compensar a otros usuarios. Para Fernández, en la industria «efectivamente el precio del gas sube, pero sólo 25% de lo que hubiera aumentado si hubiese tenido que cambiar de fuente de energía».
Las industrias, en esta emergencia, no podrán recurrir a nuevos contratos de energía hidráulica o nuclear porque tienen limitada su generación, ni al gas, por lo que tendrán que pasarse al fueloil.
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