Las cementeras deberán pagar cerca de $ 309 millonesen multas que les había impuesto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y que fueron confirmadas ayer -tal como adelantó este diario- por la Cámara Penal Económica. Obviamente, desde al menos tres de las empresas ya anunciaron que apelarán esta decisión de la Cámara.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Es que, a pesar de ser un tribunal de segunda instancia, por tratarse del foro penal, cabe la posibilidad de acudir a la Cámara de Casación, y luego -de resultar rechazada la apelación- presentar un recurso ordinario o extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El fallo del tribunal fue dividido: a favor votaron los vocales Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, que ratificaron lo actuado por la CNDC, mientras que el tercer miembro de la Cámara, Roberto Hornos, votó en disidencia, solicitando que se redujeran en 20% las penalidades a todos los acusados.
Como siempre, se dice que el gobierno nacional habría ejercido toda su influencia para lograr que se confirmara el castigo aplicado, lo que quedaría casi confirmado en el hecho de que la única de las firmas a las que se le rebajó la multa original es Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), con sede en esa ciudad patagónica y cuyos dueños -la familia Brandi- mantendría una cercana relación con los Kirchner.
La sanción la había impuestola CNDC en julio de 2005, cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía; hoy ese organismo depende del controvertido secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Las cinco empresas, que tienen en conjunto casi 100% de la producción de cemento del país, fueron acusadas de connivenciapara repartirse cuotas de mercado y fijar precios durante el período 1981-1999, y sobre ellas recayó una multa supuestamente proporcional a los «beneficios indebidos» que les reportó la aducida «cartelización» del sector en el lapso apuntado. Las multas aplicadas son las siguientes:
Loma Negra (hoy del grupo brasileño Camargo Corréa, pero propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat en el período investigado) fue penalizada con $ 138,7 millones;
Cementos Minetti (hoy de la suiza Holcim, pero por entonces de la familia Minetti), $ 100,1 millones;
A esta cifra deben agregársele los $ 28,5 millones que recayeron sobre Cementos San Martín, también de Holcim;
Cementos Avellaneda (de la española Molins), $ 34,6 millones; · Petroquímica Comodoro Rivadavia, la única que se benefició con una sustancial rebaja sobre el monto original, $ 6 millones.
Además, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, a la que se acusó de ser el vehículo a través del cual las empresas del sector intercambiaban información para fijar precios, deberá pagar $ 529.000. En total, las cementeras deberán desembolsar exactamente $ 308.429.000, más las costas del juicio, en caso de que las apelaciones no sean atendidas. El fallo de la Sala B del Alto Tribunal, al que tuvo acceso este diario, afirma que lo actuado por la CNDC se ajusta a derecho porque las empresas «acordaron entre sí los precios de venta». Agrega que, la «posición dominante les permitió pactar las participaciones de cada empresa y demás condiciones comerciales por provincias, zonas o localidades».
Confirmando además de manera casi textual el dictamen de la CNDC, la Cámara obliga a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland a que «se abstenga de distribuir, entre sus asociados información competitivamente sensible sobre la producción, importaciones y despachos de cemento».
Dado que casi todas las empresas involucradas en la investigación -salvo el caso de PCR- cambiaron de dueños desde la época que comprende la misma, se especulaba ayer en el mercado que algunos de los compradores podrían haber hecho una previsión por esta causa al momento de cerrar la transacción. Sería el caso de Camargo Corréa: los brasileños habrían pactado con Amalita la reserva de un monto en dólares equivalente a la multa que estaba pendiente de resolución judicial.
En sentido inverso, Holcim habría decidido no «mirar para atrás» y no tendría un pacto con los ex dueños de Minetti, Corcemar y Cementos San Martín sobre este particular.
Dejá tu comentario