27 de abril 2006 - 00:00

Confirman freno en leyes que afectan a empresas

Después de semanas en que el Congreso parecía funcionar sólo al ritmo de exigencias sindicales que afectan a empresas e inversiones y de pujas en la interna del peronismo -oficialista u opositor-, ayer hubo avances legislativos en temas clave. Se confirma que el gobierno puso freno a la presión de gremios en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuerpo del que se apropiaron este año. Héctor Recalde reconoció en una reunión de esa comisión el pedido oficial para que se abstenga de avanzar con reformas «moyanistas» a leyes laborales. Se criticó en el Senado que el gobierno quiera financiar obras de energía con una tarifa más cara para las empresas, en principio porque luego podría ampliarla. De todas formas, esa iniciativa ya es ley.

Por suerte, Héctor Recalde aclaró que el paso atrás que iba a comunicar no era una renuncia a sus convicciones. Es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, cargo que alcanzó como representante en ese cuerpo de Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, a quien sirvió por años como abogado del sindicato de los camioneros.

La aclaración de ayer, ante los demás integrantes de la comisión que preside, fue el preámbulo para confesar un cambio de planes. Recalde había previsto la aprobación de una cantidad de normas que pretendían, en su versión, volver el derecho del trabajo a su diseño anterior al golpe militar de 1976. Es decir, retrotraer las regulaciones del mercado laboral a las que regían cuando él tenía, aproximadamente, 40 años.

En aquel entonces, cuando el mundo era en blanco y negro y la desocupación era un fenómeno desconocido, algunas de las propuestas de este abogado ya resultaban abusivas. Por ejemplo, la imposición del laudo gastronómico para cargar a toda la actividad turística, la prohibición del trabajo durante los domingos (medida destinada a presionar a los supermercados, deporte que deleita al «moyanismo»), la imprescriptibilidad de los conflictos laborales por 10 años (lo que quintuplica la capacidad de pleito para los estudios jurídicos dedicados a la especialidad, como el de este diputado), la eliminación de los topes indemnizatorios, la obligación de pagar una indemnización mínima aunque el vínculo laboral hubiera durado dos meses, etc.

Estas reformas que quería realizar Recalde fueron convenientementemoderadas, según-él mismo contó ayer en la Cámara.

«Estuvimos con (Agustín) Rossi en la oficina de Alberto Fernández y nos pidió que escucháramos a las empresas y no avancemos en nada», confesó. Las convicciones, por lo que se sabe, están a salvo. Lo que cambia es la metodología.

  • Consultores

    De hecho, ayer el diputado moyanista comunicó que todos los proyectos irían a la comisión de asesores (en la que él se instituyó como jefe) para comenzar a recibir a los consultores laborales de las cámaras empresariales,de tal manera que se puedan ajustar los intereses de unos y otros (o, mejor dicho, fijar una fecha un poco más actual para el régimen laboral que quiere imponer Recalde).

    Otra modificación que debió incorporar el diputado de la CGT a su sistema de trabajo se debió al «interbloquista» Guillermo Alchouron, quien le solicitó: «Discutamos todo el régimen laboral y no artículo por artículo, ley por ley, porque terminaremos sancionando cuestiones contradictorias o cuyo alcance no percibimos correctamente». Alchouron, una vez más, se propuso desbaratar otro truco de Recalde. Ayer parecía haberlo logrado.
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