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Pero un dictamen de la Procuración afirmó que otros dos decretos, el 1.606 del 2001 y el 260 de este año, invalidan lo establecido en el decreto de 1989, porque establecen un mercado único de cambios. La controversia legal podría ser peleada porque el 1.606 fue modificado por otro decreto del mismo año que confirma las excepciones, y porque, según las petroleras, ninguna norma anula otra si no lo hace expresamente.
Las compañías se niegan a admitir cambios en las reglas de juego. Pero aceptarían tener los dólares disponibles para pagar las deudas contraídas en el exterior que equivalen en promedio a 50% de sus ingresos por exportaciones.
El gobierno no termina de definir una posición sobre el tema, pero algunos bancos dejan constancia de incumplimiento al Decreto 260, cuando liquidan exportaciones. Para zanjar el conflicto, las empresas aceptarían ingresar hasta 50% de sus ingresos en dólares, si esto se formaliza, y tienen garantías de que seguirán teniendo libre disponibilidad de 50% restante.
Dicen que si no se les permite pagar las deudas, no tendrán más crédito y les bajarán las calificaciones internacionales.
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