Consolidar la reforma de las jubilaciones

La reforma previsional vigente desde julio de 1994 fue probablemente la última reforma estructural grande de las implementadas en los primeros años de los '90. Es una reforma que, con el correr de los tiempos, será valorizada no sólo por todos aquellos que libremente decidieron depender menos del Estado y más de sus propios esfuerzos de ahorro personal, sino también por los que califican y evalúan riesgos y oportunidades en países.

En estos siete años de funcionamiento, quedan indudablemente varios desafíos que cumplir y problemas que solucionar. Pero el avance es muy grande. Los jubilados del mañana tienen actualmente ahorros en fondos individuales de capitalización por valor de $ 22 mil M (más de 7% del PBI) que serán en el futuro las fuentes concretas de sus rentas e ingresos previsionales.

Las cuentas individuales de capitalización son el principal reaseguro para evitar que aparezcan nuevas jubilaciones de privilegios (aunque lamentablemente nadie ha resuelto la injusticia de las ya otorgadas), que gente que pudo haber aportado ahorros cobre jubilaciones sin haberlo hecho y la mayoría de los fraudes que han hecho quebrar al sistema estatal de reparto.

• Inadmisible

Con estas consideraciones, es inadmisible que de tanto en tanto aparezcan diversas propuestas para retrotraer la situación previsional a julio de 1994. Es cierto que el nuevo sistema ha hecho poco y nada por resolver el problema de la evasión previsional, con una altísima proporción de personas que todavía están fuera del sistema. Esta genera una masa crítica de aportantes muy inferior a la potencial, con altos costos de administración, problemas tanto para el sector público como para el privado.

También es cierto que durante el período de transición de un régimen de reparto (donde el Estado recauda los impuestos previsionales para pagar jubilaciones) a uno de capitalización (donde el trabajador ahorra en sus propias cuentas, pero el Estado debe seguir afrontando los gastos jubilatorios), el sector público sufre un stress financiero importante. Hay dos visiones extremas que exageran la situación. Por un lado creer que la reforma previsional es la culpable excluyente del déficit fiscal. Por el otro, desconocer el esfuerzo que para el Estado y la economía significa haber implementado semejante revolución.

La reforma previsional es apenas una de las seis causas que explican el elevado déficit fiscal que la Argentina tiene actualmente respecto a 1993 y 1994. Cuando se analizó lo ocurrido desde entonces a la fecha, vemos que han ocurrido cinco hechos adicionales: i) el aumento del gasto público fundamentalmente en el conjunto de las provincias (y sobre todo en dos o tres casos puntuales), ii) los nulos resultados para reducir la evasión tributaria desde que C. Tacchi abandonara sus funciones, iii) el aumento del costo promedio y marginal de endeudamiento público, en parte por shocks internacionales, en parte por motivos locales iv) el aumento del stock de deuda no sólo explicado por el déficit de caja sino por innumerables emisiones extras no explicadas por deudas preexistentes a 1991 y v) el estancamiento económico con deflación que tenemos desde 1999. Si en los últimos años, la gestión gubernamental hubiera tenido éxito en mejorar sólo un poco cada uno de esos cinco ítem, la Argentina exhibiría hoy simultáneamente una mejor situación fiscal más los beneficios presentes y futuros del nuevo régimen previsional.

Pero a diferencia de estos cinco motivos, el desfinanciamiento que sufre el Estado causado por la reforma previsional es la causa más genuina y menos dolorosa. Por un lado, porque si bien el Estado debe por un lado endeudarse para financiar el déficit fiscal, por otro lado también es cierto que la reforma previsional produce una cancelación implícita de deuda pública (lamentablemente no contabilizada, pero no por ello menos real) que es la reducción de los compromisos jubilatorios futuros a cargo del Estado. Cuando se analiza la reforma previsional en un sentido intertemporal, es altamente probable que el efecto final sea mucho más equilibrado para el Estado porque el valor presente de los superávits futuros compensa los déficit del sistema de los primeros años.

Simultáneamente, el sistema de capitalización se ha convertido en la práctica en un amortiguador fiscal porque las AFJP se convierten en los financiadores del Estado cuando los mercados de capitales, internacionales y locales, se cierran. Incluso, tras el reciente canje, 80% de los títulos públicos que detentan las AFJP tienen intereses que se capitalizarán automáticamente durante cinco años, quitando presión a la caja fiscal y a las necesidades de financiamiento.

Retrotraer el sistema previsional al esquema de reparto puede dejarnos «sin el pan y sin la torta». Si volvieran los aportes a manos del Estado, un futuro probable a mediano plazo es que disminuyan las presiones para bajar y eficientizar el gasto público, que no se produzcan mejoras en la administración tributaria, que entonces el déficit de caja no mejore sustancialmente respecto a hoy y que el Estado se quede sin la amortiguación de las AFJP.

• Dudas

No podemos olvidarnos de que el sistema de reparto presenta serias dudas de viabilidad futura incluso en aquellos países desarrollados que exhiben alto crecimiento económico y solvencia fiscal con bajas tasas de interés. Los problemas demográficos resultantes del envejecimiento poblacional, la baja tasa de aportantes sobre jubilados, la dependencia de los distorsivos impuestos sobre la nómina salarial como mecanismo de financiación, entre otras cosas genera un endeudamiento implícito del Estado por el sistema previsional que, aun en países desarrollados, oscila entre 100 y 200% del PBI, lo cual es sinónimo de quiebra del sistema. La Argentina, por el contrario y siguiendo el ejemplo de Chile, está intentando dar respuestas genuinas a problemas serios. Cambiar de estrategia a mitad de camino por problemas coyunturales originados sólo en parte en la reforma y mucho más en otras causas, no puede ser nunca una buena solución.

En síntesis, una visión equilibrada no puede dejar de mencionar los fuertes desafíos pendientes que quedan tras la implementación del nuevo sistema previsional, donde tanto sector público como privado tienen importantes responsabilidades. Reconociendo que como ha ocurrido en tantos otros frentes, el avance ha sido importante y que no es volviendo a las políticas que fracasaron en el pasado como se corregirán los problemas del presente.