El periodista especializado en temas económicos Enrique Szewach publicó un editorial en su página de Internet en el que explica las diferencias entre la contabilidad privaday la pública. Resalta que en el ámbito de esta última se «permite» una serie de concesiones que, de ocurrir en el sector privado, se penalizarían «con rigor».
Luego de la última reforma previsional el gobierno nacional presenta como ingresos corrientes los fondos que, en forma extraordinaria, el sistema de las AFJP traslada a la ANSeS. También se contabilizan como «ingresos fiscales» los distintos títulos de la deuda pública, acciones y bonos que, a valor técnico, forman parte de la cartera de inversiones de los ahora obligatoriamente pasados al sistema de reparto.
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A su vez, cuando el Estado recibe estos ingresos, asume el compromiso de pagar una jubilación en el futuro. ¡Lejos del «desendeudamiento» proclamado, el Estado ha vuelto a endeudarse, sin contabilizarlo! Sólo en este registro -producto de la reforma previsional- se producen anomalías que en la contabilidad privada, de ser descubiertas, serían penalizadas con rigor.
Cuando se habla de superávit fiscal, se hace referencia a sobrantes de caja «antes» del pago de intereses y amortizaciones de capital. Se podría argumentar que, dado que un país «vive para siempre», el capital puede renovarse de manera continua y no se requiere contabilizarlo como un compromiso de caja. Pero esto sólo puede ser cierto para países en donde el tamaño del mercado de capitales local es lo suficientemente amplio o para los que tienen acceso al mercado de capitales internacional de manera casi ilimitada, que no es el caso de la Argentina.
Si el superávit de caja no resulta suficiente como para pagar los intereses y mantener la deuda al menos constante en términos de producto, el camino al default es inexorable. En especial, en contextos en donde vence «deuda de convocatoria» con intereses bajos y se renueva como «deuda de mercado» con costo alto. Esa es la historia de las diferentes cesaciones de pago en que ha incurrido la Argentina. Con estos antecedentes, la información relevante para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones privadas es el superávit total, y el endeudamiento, no el superávit operativo de caja. Es un buen dato para « autoengañarnos» pero nada más. Si la información se brindara en forma correcta, nuestros gobernantes se cuidarían mucho de alegrarse por lo que le están «robando» a los tenedores de deuda indexada, al mentir con la inflación.
Otro engaño surge de las obras públicas que benefician a varias generaciones ya que deberían financiarse con deuda. En cada Presupuesto anual se tendría que asignar la amortización de la deuda junto con los gastos anuales de mantenimiento de la obra en cuestión. De esa manera, cada generación pagaría «su parte» de la obra en proporción a su «beneficio de uso». Este esquema contable permitiría planificar y decidir en forma correcta reflejando lo que cuesta hacerla, mantenerla y renovarla. Cuando se escriba la historia, las generaciones futuras le «agradecerán» al gobierno de Kirchner el deterioro en infraestructura, en general, al que su « congelamiento» de tarifas y falta de renovación adecuada de los contratos nos condenó.
Por último, toda la contabilidad pública, al igual que la privada, no tiene «ajuste por inflación».
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