Contrato progresista

La Argentina padece una seria crisis institucional derivada de imperfecciones en el sistema político. Los partidos tradicionales han monopolizado el ejercicio de la política y han llevado el número de cargos electivos y su poder más allá de lo que es necesario y financiable.
Las deficiencias del sistema político se han reflejado en serias crisis de la economía, del mercado laboral y de las finanzas provinciales.

Nuestra propuesta ofrece la alternativa de una verdadera sociedad progresista en la que se premia la eficiencia y el esfuerzo y se ayuda a los pobres para que dejen de serlo a través de la salud, la educación y el acceso libre al mercado laboral.

1) Debe reformarse la política además de los partidos políticos. Proponemos un Poder Legislativo unicameral con no más de 50 representantes.

2) Los candidatos a cargos electivos no necesariamente deberán provenir de partidos políticos. Debe implementarse a la brevedad el sistema moderno de voto electrónico para eliminar el sistema anacrónico de mesas con urnas y fiscales, que sólo favorece el accionar monopólico de los partidos tradicionales y brinda amplias posibilidades de fraude.

3) Todos los candidatos se eligirán por voto directo y el votante confeccionará su propia lista entre los candidatos autorizados. No existirán las listas sábana.

4) La Argentina debe integrarse al mundo capitalista y globalizado a través de la economía de mercado y abierta al comercio internacional. Debemos dejar de considerarnos sólo deudores del Primer Mundo para pasar a ser sus aliados ideológicos, políticos y económicos.

5) Se establece la libertad de contratación laboral y de elección de obra social y de sindicato. Los sindicatos sólo podrán representar a sus afiliados voluntarios. Se establece la libertad de crear nuevos sindicatos como asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo fin será prestar servicios sociales y asistencia profesional a sus afiliados.

6) Se eliminan todas las imposiciones sobre el empleo, salvo una contribución mínima para la seguridad social, que deberá ser íntegramente destinada a financiar la jubilación privada del aportante. Las AFJP no podrán invertir más de 25% de sus fondos en títulos públicos.

7) Respetando las individualidades provinciales, se propone organizar el país en no más de seis regiones con autonomía legislativa, administrativa y fiscal.

8) Se establece el concepto de que el gasto público debe ser realizado por la misma autoridad responsable de recaudar los impuestos. Por ello, las nuevas regiones deberán ser fiscal-mente autosuficientes y se eliminará el sistema de coparticipación salvo para casos excepcionales como desastres naturales.

9) El Estado favorece la igualdad de oportunidades en las áreas de salud y educación. Ambas actividades deberán ser administradas privadamente y el Estado ayudará sólo a los menos pudientes a través de un sistema de becas y financiando una cobertura médica básica.