Diputados y senadores comenzaron a analizar anoche con preocupación una inclusión que hizo el gobierno dentro del proyecto de presupuesto 2004 por la que se modifican los entes que integran el sector público nacional y que podría afectar peligrosamente a la independencia de Banco Central, someterlo a las decisiones de política econó-mica del Ministerio de Economía, al tiempo que refuerza los controles sobre su gasto. En tres artículos, 8, 10 y 22, Roberto Lavagna modificó la Ley de Administración Financiera del Estado incorporando el alcance de esa norma e incluyendo dentro del sector público a «los entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado tenga el control de las decisiones».
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Esa nueva definición abarcaría ahora al Banco Central y al Banco Nación, que comenzarían a regirse por las normas generales de contabilidad de la administración pública.
Esa modificación del status legal -el Central tiene autarquía financiera y autonomía en las decisiones-se complementa con otra disposición que establece que todos los «organismos y entes autárquicos integrantes del sector público nacional financiero y no financiero ajustarán su actividad e implementarán libremente sus acciones y objetivos en el marco de las decisiones de política económica que determine el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía».
• Carta Orgánica
Así, si el Central y el Nación pasan a formar parte del sector público nacional, aunque la carta orgánica del BCRA dice lo contrario, debería someter sus decisiones a lo que resuelva el ministro de Economía.
En la actualidad, existe una disposición que obliga a las autoridades del BCRA a enviar al Poder Ejecutivo su presupuesto de gastos y la nómina salarial para su aprobación. En la última reforma a la carta orgánica de la entidad, se estableció un control del presupuesto del Central por aprobación del Congreso, pero, por errores de redacción, Néstor Kirchner vetó ese artículo de la ley.
Ahora se refuerza el control de las «jurisdicciones y entidades comprendidas» en el sector público nacional, las que deberán entregar la plataforma mínima de información salarial presupuestaria y que quedará bajo la instrumentación y control de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
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