COPARTICIPACIÓN: COMPLICA A PROVINCIAS DEUDA DE TRES MESES

El reparto entre Nación y provincias de la recaudación de impuestos federales -más conocida como coparticipación-se mantiene al tope del ranking de los temas discutidos entre gobernadores y el Ejecutivo conducido por Fernando de la Rúa y lo cierto es que, mientras ambos bandos tiran cada vez más fuerte para su lado en la cinchada por los fondos, los números oficiales indican la existencia de un rojo cercano a los $ 200 millones en perjuicio de las provincias.

Las presentaciones judiciales para exigir el envío de los fondos es una posibilidad más que atractiva para los mandatarios -el jujeño Eduardo Fellner y el pampeano Rubén Marín ya incurrió en esta modalidad y otros amenazan con seguir sus pasos-, acciones que modifican las reglas de juego y tensan aun más la relación Nación-provincias, en especial con aquellas que más necesitan del cumplimiento de los pactos fiscales que aseguran el monto fijo mensual de $ 1.364 millones, a repartir entre los 23 distritos del país.

La deuda concreta al día de hoy es de $ 195 millones, correspondientes a junio, julio y agosto. Estos montos están comprendidos por $ 30 millones del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) -que percibe $ 75 millones mensuales-del primero de los meses, $ 60 millones de fondos específicos del mes siguiente y $ 105 millones de agosto, de los cuales $ 60 millones son de la coparticipación propiamente dicha y el resto de fondos específicos.

Si bien la suma no parece ser de significancia comparada con el monto total, marca el precedente de que desde hace tres meses la Nación comenzó a tener dificultades para cumplir con los envíos convenidos y se ve obligada a responder con dinero del Tesoro nacional para cubrir los rojos.

A partir de la firma de los pactos federales de 1992 y 1993 y los compromisos federales de diciembre de 1999 y noviembre de 2000, el Ejecutivo nacional reglamentó el reparto de la recaudación de impuestos federales. En particular, el último de los compromisos reglamentó una transferencia mensual de $ 1.350 millones por coparticipación durante 2000, $ 1.364 millones para 2001 y 2002, $ 1.400 millones para 2003, $ 1.440 millones para 2004, y $ 1.480 millones para 2005.

El entonces ministro de Economía de la Nación José Luis Machinea auguraba, al momento de pactar, un crecimiento a partir de 2000, con lo cual asegurando un monto fijo para las provincias proyectaba que las arcas nacionales se beneficiarían con el supuestamente constante excedente en la recaudación.

Menos de un año después el panorama es mucho más pobre de lo que mentaba Machinea y su actual reemplazante, Domingo Cavallo, se encuentra con la obligación -por él creada-de cumplir con la Ley de Déficit Cero que impide gastar más de lo recaudado.

Contra esto atenta el hecho de que cada vez que los fondos provenientes de la AFIP no son suficientes, Nación está obligada a responder a las provincias con recursos del Tesoro nacional, que funcionan como garantía. De todo esto se extrae el hecho de que en la discusión entre Nación y provincias por una nueva ley de coparticipación se vislumbra «una cuestión de Estado», como no dudaron en llamarla funcionarios del Ministerio de Economía, ya que implicará sí o sí la reformulación los actuales porcentajes de reparto y la discusión sobre la potestad tributaria.

Por el momento, de los reclamos provinciales apuntan a lo ya pactado y que por ley debe cumplirse, manifestando que en caso contrario se incurriría en un «default interno». De alguna manera, provincias y Nación se están pasando la pelota para ver quién se hace cargo del déficit cero, ya que desde las primeras opinan que si no les llega completa la coparticipación no podrán cumplir con la nivelación de sus cuentas.

Esta movida mantiene unidos a todos los mandatarios, tanto opositores como oficialistas, que en sucesivas reuniones demostraron que están firmes ante los embates de recorte. «De la Rúa ha dicho que no les debe nada a las provincias pero le han informado mal: no solamente nos debe sino que lo que está en discusión, en todo caso, es cuánto se nos debe», fue una de las frases que, en boca del bonaerense Carlos Ruckauf, refleja la dura posición provincial.