Corte debate mañana fallo que atemoriza al gobierno

La Corte decidirá mañana el caso que más preocupa al gobierno: la despesificación de los depósitos bancarios. Julio Nazareno anticipó su regreso al país y se espera un fuerte debate entre sus miembros no sólo para unificar un criterio mayoritario, sino para desechar las sospechas internas que arrojó la publicación por este diario, del voto de Carlos Fayt. El caso conmocionó al gobierno, que hasta obligó a una entrevista de Adolfo Vázquez con Eduardo Duhalde para tranquilizarlo sobre los alcances de la medida que -como anticipó Ambito Financiero- únicamente se expedirá sobre el caso puntual de la ahorrista María Ester Beratz de Bahía Blanca, pero no se extenderá automáticamente al resto de los tenedores de plazos fijos que tienen procesos judiciales abiertos. Tampoco la Corte se pronunciará sobre los deudores ni le dirá al gobierno acerca de la manera de instrumentar el reintegro: eso sí, exigirá que la restitución sea equivalente al valor original de la moneda pactada, declarando inconstitucional al artículo 2º del Decreto 214/02.

Los jueces de la Corte debatirán mañana sobre los alcances que tendrá su próximo fallo, que declarará la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 214/2002, que obliga a que «todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera». También los jueces, por iniciativa de Carlos Fayt, cruzarán juicios -se supone severos- por las sospechas que se sembraron en el máximo tribunal a raíz de la publicación del voto del mencionado juez por este diario y que, inclusive, hasta el mismo Fayt lo mencionó con nombre y apellido: Antonio Boggiano.

Claro que no fue éste -ni ninguno de los otros magistrados- y este diario se reserva el derecho constitucional de preservar la fuente de información. Tanto para definir el fallo -cuya sanción no resiste más tardanza- como para frenar la convulsión interna, este fin de semana, Julio Nazareno adelantó su regreso desde México -se lo esperaba para el próximo jueves 5- y asistirá al encuentro de mañana, lo que genera algunas versiones de que con su presencia también podría anticiparse la declaración de inconstitucionalidad de la pesificación.

Fayt se ofuscó sobremanera por la difusión periodística de su posición en contra de la pesificación y pidió la apertura de una auditoría interna para determinar al responsable dentro de la Corte. Tampoco la divulgación permaneció impasible ante la ansiedad del gobierno: el mismo viernes Adolfo Vázquez -uno de los jueces más alejados del gobierno- se reunió con Eduardo Duhalde en Olivos para tranquilizar al Presidente por iniciativa de Carlos Arslanian, lo que provocó celos en Juan José Alvarez, vocero natural del gobierno ante la Corte y quien suele tener línea directa con Vázquez.

En síntesis, Vázquez le aseguró a Duhalde -sumamente irritado al comienzo de la reunión- que «la Corte no busca el caos y sólo tratar de garantizar el cumplimiento a rajatabla del derecho a la Propiedad, garantizado por la Constitución porque, caso contrario, se irían por años las inversiones en la Argentina al no tener seguridad jurídica». La Corte, aseguran, irá paso a paso:

• La sentencia estará centralizada pura y exclusivamente en el reclamo de Mirta Beratz. No se generalizará a otros ahorristas. Ni por asomo ocurrirá lo de Mar del Plata. Sólo se atacará el artículo 2 del Decreto 214/02. No se repetirá el caso Chocobar, cuando la Corte falló a favor de los jubilados en forma masiva.

• Cada ahorrista que considere que está en una situación similar que Beratz deberá iniciar un proceso judicial individual que, aunque tenga la misma definición que Beratz, permitirá ganar tiempo a los bancos para pagar y/o negociar con cada uno de los acreedores.

• Lo único que dirá el fallo es que se debe respetar el valor original del depósito, o sea, la moneda pactada, pero no dirá que deba restituirse en dólares sino en pesos al cambio vigente en el mercado libre al momento de devolverse el plazo fijo.

• No impedirá que los bancos negocien libremente -como viene ocurriendo ahora- el reintegro. Es decir, se paga una parte y el resto se entrega en algún instrumento financiero: nuevo plazo fijo, fondos de inversión, etcétera.

• Tampoco dirá nada sobre la situación de los deudores hipotecarios. Simplemente porque no hay ningún caso en la Corte que tenga este reclamo. Y sobre la devaluación. Los jueces consideran que la instrumentación de la política económico-financiera es facultad del Poder Ejecutivo y/o del Congreso.

• No habrá un retorno a la dolarización. Tampoco habrá retroactividad. No se cuestionarán los contratos celebrados desde el 11 de febrero pasado que se concretaron en el marco de la pesificación.

• Se defenderá la «intangibilidad de los depósitos» porque esa ley no fue derogada por la Ley de Emergencia Económica, sino suspendida. Esa será una de las distinciones que se hará con el plan BONEX '90. Porque, además, la base de los reclamantes es fundamentalmente distinta.

• Hará distinciones entre pequeños y grandes inversores financieros. También entre quienes no tuvieron otra salida que aceptar la reprogramación y quienes negociaron voluntariamente con los bancos. Otra distinción se hará con aquellos que iniciaron acciones judiciales y ya tuvieron algún tipo de compensación.

• No obligará al gobierno a sacar ningún tipo de bono u otro instrumento financiero. Sólo marcará los límites jurídicos en base a lo ya dicho en el caso Smith y en el artículo 17 de la Constitución. Si se respeta el derecho a la propiedad, avalará jurídicamente las medidas que adopte el gobierno para devolver los depósitos.

«En 20 años en la Corte Suprema jamás le he entregado una copia de mis votos a ningún periodista; es necesario averiguar quién fue el responsable de esta clara violación a la confidencialidad de los documentos que circulan entre los ministros. Era sólo una idea, un bosquejo, no estaba cristalizado, yo tenía la disposición de discutirlo, de modificarlo, inclusive, si alguno de mis colegas tenía una idea mejor», repitió Fayt el pasado viernes, buscando atenuar el impacto de su voto. El ministro señaló que para evitar que pudiera objetársele «prejuzgamiento», deberá modificar algunos aspectos de su proyecto de voto sobre el «caso Beratz», aunque sin alterar el núcleo de su argumentación.