Corte: jubilación debe ajustar por salario

Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema ordenó al gobierno ajustar el haber previsional de un jubilado según el índice de salarios (CVS) elaborado por el INDEC. Si bien el fallo conocido ayer es aplicable sólo al caso de Adolfo Badaro (el denunciante en esta causa), será utilizado por el resto de los jubilados para que en los juicios que llevan en contra del Estado con condiciones similares se aplique el mismo criterio. En la práctica, según fuentes del máximo tribunal, se traduce en un aumento equivalente a 88%. Pero si bien los abogados previsionales coinciden en que se trata de un fallo «excelente para Adolfo Badaro», aseguran que no soluciona el problema de fondo sobre la movilidad de los haberes para todos los jubilados, ya que se sigue insistiendo en la necesidad de una solución general a través de una ley específica.

Desde la Corte explicaron al respecto que «una reglamentación prudente sobre el tema facilitaría el debate anual sobre la distribución de recursos y evitaría el uso de facultades discrecionales. También permitiría reducir la litigiosidad en la materia», por lo que explícitamente formula «una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen la problemática».

Inconstitucional

Según el texto conocido ayer, la Corte Suprema instó a que «la prestación se ajuste, a partir del 11 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC, y ordenar que se abonen el nuevo haber y las retroactividades que surjan de la liquidación». Además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 inciso 2 de la Ley 24.463, referida a la solidaridad provisional, que prevé que todas las prestaciones «tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto».

Este tema tuvo numerosas idas y vueltas. En 2006, la Corte había ordenado al Congreso la actualización de los haberes que perciben los jubilados a través de la formulación de una ley general en un plazo razonable. Fue cuando se expidió sobre un planteo formulado por el mismo Badaro en el que reclamaba un ajuste, ya que sus haberes que se encontraban congelados desde 2001 debido a que su sueldo era superior a los $ 1.000.

Seguridad


Con la ley general, se daría seguridad jurídica a los jubilados y no se generarían cientos de casos litigando sobre el mismo tema. De hecho, aun con el nuevo fallo, aquellos jubilados que no hayan iniciado un reclamo todavía deberán hacerlo para poder utilizar el criterio aplicado.

Luego de aquella primera pronunciación de la Corte, Néstor Kirchner ordenó que se decidiera el tema en el ámbito del debate por el Presupuesto nacional. Sin embargo, más tarde dispuso un incremento de 13% en las jubilaciones, pero aun así, Badaro realizó una nueva presentación.

La Corte sostuvo que el único aumento en su beneficio jubilatorio resulta insuficiente para repara su deterioro. Desde ese tribunal explicaron: «Los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo habían otorgado aumentos, en especial a los poderes más bajos, pero no habían subsanado la baja sufrida por los superiores a $ 1.000, en desmedro del derecho del actor a cobrar de acuerdo con el mayor esfuerzo contributivo realizado». Con eso, se lesionaría la garantía prevista en la Constitución nacional de que la jubilación guarde relación con la evolución de los ingresos de los trabajadores en actividad, según el fallo que tiene la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. La diputada María América González explicó a este diario que el problema seguirá latente hasta que no se vote una ley específica de movilidad de la que hay al menos seis proyectos interesantes. «La ANSeS tiene un superávit récord de más de $ 22.000 millones, pero el fondo de movilidad pasó a ser de sustentabilidad y se invierte ese dinero en numerosos instrumentos como LETES, sin ningún control», dijo. De usarse ese dinero en el ajuste, se evitaría un perjuicio mayor al Estado que el que se generará ante la ola de juicios que se espera.