El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se reúne el jueves y, según trascendió, buscaría la aprobación de un esquema regulatorio clave que pondría fin a uno de los mayores tabúes del sistema financiero posconvertibilidad: la habilitación para que los bancos otorguen préstamos en dólares —prendarios, hipotecarios y de diversa naturaleza— a personas humanas y empresas del mercado interno que no generan divisas de manera directa, eliminando o flexibilizando drásticamente las restricciones prudenciales y exhaustivas impuestas tras la crisis de 2001.
Créditos en dólares: directorio del BCRA aprobaría el jueves un nuevo esquema regulatorio clave
El BCRA trataría mañana un nuevo corpus normativo que habilitaría a los bancos a impulsar los préstamos en moneda dura.
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El ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, apuestan por el impulso de los créditos en dólares
Como medida complementaria a la Ley de Inocencia Fiscal (Ley N° 27.799), ya reglamentada por el Decreto 93/2026, el BCRA busca permitir que el tomador del préstamo no necesite demostrar ingresos genuinos en dólares —requisito vigente para prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones—. El Gobierno apuesta a una estimulación virtuosa de la remonetización en dólares como catalizador de la economía real, lo que permitiría canalizar divisas ociosas hacia el crédito productivo y de consumo en un contexto de dólar controlado bajo bandas móviles.
Los principales aspectos de la Ley de Inocencia Fiscal implican un régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (RSG): optativo para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, con límites de ingresos (aproximadamente $1.000 millones anuales), patrimonio (hasta $10.000 millones) y exclusión de grandes contribuyentes nacionales. Adhesión vía ARCA (ex AFIP) con declaraciones precargadas que otorgan efecto liberatorio y presunción de exactitud, sin indagación exhaustiva sobre el origen de fondos. A la vez, elevación umbrales penales; la evasión simple a $100 millones por tributo y ejercicio; agravada a $1.000 millones y ajuste anual por UVA desde 2027.
En esa línea se imprime una reducción de prescripción: de 5 a 3 años para delitos tributarios, liberando de investigaciones retroactivas a adherentes a partir de 2029. Hay limitación de controles; ARCA enfoca fiscalizaciones en ingresos facturados y deducciones, sin revisar variaciones patrimoniales pasadas (“tapón fiscal”). No se indaga origen de fondos depositados, aunque persisten normas antilavado en bancos y se eliminan multas automáticas para contribuyentes no relevantes y blanqueo “popular permanente” sin impuestos retroactivos.
Crédito en dólares como eje del plan económico
El Gobierno estima que hay un PBI en dólares fuera del sistema financiero, con unos u$s170.000 a u$s200.000 millones dentro del país (incluyendo “dólares bajo el colchón”) y hasta u$s400.000 millones en cuentas offshore en paraísos fiscales como Isla de Man, Grand Cayman, Delaware, Belize y Panamá, estructurados en trusts o fideicomisos que hacen improbable su retorno.
La decisión apunta a fomentar que residentes vuelvan a endeudarse en dólares —como en la era de la Convertibilidad—, y aprovechar así el récord de depósitos en dólares (stock privado cercano a u$s37.000 millones en inicios de 2026, con crecimiento significativo en 2025). Estos recursos, técnicamente “Fondeo COM 'A' 3528”, se encajan parcialmente en cuentas del BCRA, y el Ejecutivo busca poner en disponibilidad al resto en préstamos.
El costo de fondeo es bajo ya que los plazos fijos en dólares ofrecen hasta 5% TNA anual (pero la mediana se ubica entre 2-4%), y habilita a créditos a tasas competitivas (5-7% anual para prendarios e hipotecarios). Por otro lado, en el Gobierno observan que el crédito en dólares ya crece fuerte (stock ronda los u$s19.775-21.000 millones, con una suba del 7% mensual en enero), que se ve impulsado por demanda de empresas y turismo.
Este avance se suma a la flexibilización del jueves pasado, vía Comunicación “A” 8397, que aflojó el “apretón monetario” previo, una mayor flexibilidad para integrar encajes en pesos (traslado de subintegraciones hasta 5% al mes siguiente) y ajustes en líneas financieras del exterior (encaje 20% para plazos menor a 180 días entre vinculadas), lo que modera la volatilidad de tasas cortas en pesos.
El impulso operativo incluyó en las últimas horas reuniones clave entre el ministro Luis Caputo, el presidente del BCRA Santiago Bausili, el presidente Javier Milei en Olivos y referentes de ALyCs y bancos.
Sin embargo, algunas voces persisten en contrapuntos críticos. La remonetización podría inflar la oferta monetaria en dólares sin que los “dólares de alta potencia” (reservas netas) acompañen plenamente, limitando el multiplicador y la transmisión a la economía real.
El Gobierno ve en esto un experimento para estirar estabilidad cambiaria, pero analistas advierten sobre desalineación del tipo de cambio, tasas altas (en pesos y dólares) e inflación “dopada” por distorsiones en la canasta básica.
De aprobarse mañana, representaría un giro de 180 grados post-2001, apostando a reservas fortalecidas y disciplina fiscal para minimizar riesgos. El mercado aguarda el comunicado oficial del BCRA para calibrar impactos en tasas, depósitos, crédito y dinámica inmobiliaria en los próximos meses.





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