Cronología del escándalo nacido con la plata dulce

El Grupo Greco llegó a convertirse en la columna vertebral de la economía mendocina. De allí el peligro que significó su caída para esa provincia y para una parte importante del país, lo que derivó en su intervención por el gobierno militar. Del Grupo Greco, que había nacido como una pequeña empresa familiar, eran por esos días las bodegas Arizu, Talacasto y Resero, entre otras diez de su propiedad, Termas Villavicencio, empresas de construcción, medios de comunicación en Mendoza y tres bancos, que le sirvieron al grupo para autofinanciarse y crecer. Fue un conglomerado de 45 empresas en medio de la época de la plata dulce, cuando a los Greco se los reconocía en la provincia por recorrer en Rolls Royce el camino desde su casa hasta la bodega. Todo eso terminó en una crisis total en 1980, con el Banco Central haciéndose cargo de u$s 1.000 millones de la quiebra del Banco de Los Andes para que cobraran los ahorristas. Pero eso es historia antigua. Ahora la cronología del escándalo continuó en el Senado.

El escándalo popularmente conocido como caso Greco comenzó en su tramo final el 29 de noviembre del año pasado. Ese día la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo donde se solicitaba autorización al Congreso para ampliar la emisión de bonos destinada en 2006 a cancelar deuda consolidada en $ 1.300 millones más. Los diputados no sólo lo aprobaron sin chistar, sino que lo hicieron sin investigar a qué se destinarían esos nuevos títulos de deuda a emitir. Todavía hoy, después de estallar el escándalo el bloque kirchnerista le factura a Carlos Snopek, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y fiel obediente de los pedidos del Ministerio de Economía, no haber profundizado en el tema. El apuro oficial por sancionar el proyecto era tal que esa misma noche se pidió al Senado que lo votara. Miguel Pichetto negoció con el radicalismo y fue ésa la primera vez que el jujeño Gerardo Morales entró en escena, al oponerse a dar el número necesario para sancionarlo sobre tablas. Pichetto entonces reculó. Hubo un segundo intento de votación del proyecto en el Senado el 6 de diciembre. Morales y Ernesto Sanz, presidente del bloque UCR, fueron tajantes: «no hay debate hasta que no se aclare qué deudas se pagarán con estos bonos». Objetaban un rubro de esa liquidación que aparecía bajo el nombre deudas con proveedores y sumaba $ 710 millones en valor nominal de los bonos. Por esos días visitó la Comisión de Presupuesto y Hacienda otro funcionario de Economía, Raúl Rigo, subsecretario de Presupuesto de la Nación. Ante el pedido de explicación de los radicales juró no conocer el contenido de las órdenes de pago imputables a esos nuevos bonos, pero prometió enviar la información. Hubo otro intento del gobierno en medio de esa negociación por aprobar la nueva emisión de bonos eliminando los montos cuestionados, pero curiosamente se dejó de lado aunque la oposición no cuestionaba esa opción. En la UCR ya existían informes sobre un pago oculto a los Greco. El 7 de diciembre esa información llegó al Senado. Fue a través de un mail que adjuntaba las planillas con las órdenes de pago imputables a ese rubro de «deuda con proveedores». Estaba remitido por Jorge Amado, director nacional de Deuda Pública Consolidada y enviado a Jorge Capitanich, el presidente de Presupuesto y Hacienda. Figuraban allí las órdenes de pago por $ 123,6 millones a favor de José Greco, Oscar Francisco Greco y Héctor Osvaldo Greco; $ 61,8 millones a Libertad Graciela Bassil y Jorgelina Bassil en partes iguales, y $ 104,4 millones a Margarita Granzotto de Greco. Con ese mail, Capitanich voló al despacho de Morales. La escena la relatan algunos de los presentes allí. Morales estaba reunido con dos radicales, Angel Rozas y Alejandro Nieva cuando ingresó de improviso Capitanich. Sin reparar que estaba presente un enemigo de años de su Chaco natal (Rozas) Capitanich lanzó: «Gerardo tenés razón, Miceli nos mintió. Hay un pago a los Greco metido adentro de los bonos. Me hicieron poner la cara». El resto de los acontecimientos se precipitó inmediatamente. El propio kirchnerismo ordenó suspender todo trámite de pago. El radicalismo votó junto con el oficialismo en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas ordenar a la Auditoría General de la Nación que interviniera en el caso. Hasta en un asado de fin de semana en la residencia de Olivos, Cristina Kirchner y Alberto Fernández le recomendaron a Néstor Kirchner ponerse a la cabeza de la investigación para frenar el costo político del escándalo. Los radicales, entonces, tomaron la causa como una bandera e iniciaron una investigación. Utilizando un decreto presidencial que obliga a abrir información oficial al conocimiento público (la Ley de Acceso a la Información), interrogaron a Miceli sobre el procedimiento que se llevó adelante en el Ministerio de Economía para habilitar ese pago y pidieron la creación de una comisión investigadora. Miceli, sin responderles -aunque sí lo hizo por ella la jefatura de gabinete, consignando que la ministra no proveía datos sobre el tema- ordenó el 19 de diciembre investigar a todo su ministerio. El resultado de esa pesquisa no se conoce, pero terminó con otra resolución ministerial del 23 de enero pasado donde Miceli ordena declarar nulo todo lo actuado administrativamente en el caso desde el 30 de setiembre de 2004, solicitar a la Justicia que lleve adelante una acción similar en las causas sobre el Grupo Greco -algo difícil de obtener- e iniciar acciones legales contra funcionarios de su cartera. Mientras tanto, los radicales del Senado continuaban con sus presentaciones a ante el ministerio y se abría la investigación judicial. La primera fue en el juzgado de Sergio Torres, por una presentación que hizo Alejandra Taddei, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del ministerio, a raíz de la orden de Miceli. Le siguió otra, denunciando a la propia ministra en el juzgado de Ariel Lijo, que presentó el abogado Ricardo Monner Sanz. En el Congreso todavía se espera que Miceli aclare públicamente qué encontró en su investigación para declarar nulo todo lo actuado en torno del pago a los Greco y para eso la UCR prepara en estos días una acción de amparo contra la ministra.