Intendentes de todo el país dieron ayer señales de incomodidad respecto del acuerdo firmado el martes entre la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) y la Federación Argentina de Municipios (FAM) por el cual los empleados municipales que responden al sindicato se encargarán de monitorear precios de productos de la lista consensuada entre el gobierno y supermercadistas.
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En diálogo con este diario, varios jefes comunales -afines u opositores al gobierno de Néstor Kirchner- criticaron la iniciativa y negaron que el convenio signifique que en la práctica se traslade esta función de monitoreo y quede exclusivamente en manos sindicales. «Nos enteramos a través del diario de este convenio que es de corte estrictamente político y gremial. El acuerdo no tiene incidencia en el trabajo de monitoreo que venimos realizando», dijo un intendente justicialista del oeste bonaerense.
También hubo señales de disgusto por lo que consideran una maniobra política del ex duhaldista Alfredo Atanasof, secretario general de la COEMA y actual diputado nacional bonaerense que firmó el convenio junto al titular de la FAM y el intendente kirchnerista, Julio Pereyra. En rigor, algunos caciques comunales sospechan que Atanasof busca ganar poder para su sector y, de paso, sumar algún poroto con su nuevo líder patagónico.
El acuerdo entre COEMA y FAM no necesitó de la rúbrica individual de los intendentes y, de hecho, son muchos los que aseguran desconocer el contenido del acuerdo. El alcance de la medida abarca a distritos que ya habían comenzado con vigilancia de precios el 15 de diciembre pasado. Además, se da en paralelo con el anuncio de diferentes gobiernos provinciales y municipales de profundizar esta semana el relevamiento de precios, para corroborar el nivel de cumplimiento tanto en cadenas nacionales de supermercados e hipermercados como en comercios independientes de menor tamaño.
Una medida similar a la que ahora lanzan Coema y FAM ya fue puesta en práctica días atrás como prueba piloto en Florencio Varela, casualmente el distrito conducido por Pereyra. Dos semanas atrás este intendente y Atanasof habían firmado su propio acuerdo, pero en este caso con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Buenos Aires. En este distrito ya está conformada una comisión directiva con 30 municipales, que trabajan «junto al intendente», según aclaró a este diario Dario D'Aquino, titular de los municipales de Varela.
«El intendente tiene su equipo y nosotros nos sumamos a él», indicó D'Aquino, quien no cree que ahora las empresas pasen a estar regidas por la voluntad de los sindicatos: «Nosotros somos miembros de la comunidad y nuestros representados también son consumidores, simplemente se trata de hacer regir precios de referencia», aseguró.
• Liga de intendentes
En noviembre pasado, intendentes de todo el país suscribieron un acuerdo con el gobierno nacional a través del cual se comprometieron a monitorear los precios de la canasta básica acordada previamente con empresarios. Sólo algunos municipios como Morón y los alineados en la no kirchnerista Región Metropolitana Norte (Vicente López, Tigre, San Isidro y San Fernando) decidieron sumarse a la denominada «Liga de seguimiento de precios» convocada por el Presidente, por considerarla «imposible de poner en práctica» y denunciaron a varios de sus pares por haber convocado oportunamente a piqueteros para apedrear supermercados que no cumplieran con acuerdos de precios. Apelaron en cambio a la «conciencia y razonabilidad de empresarios, supermercadistas y formadores de precios para que hagan el máximo esfuerzo tendiente a evitar una escalada inflacionaria».
En el resto de las comunas, al igual que en los gobiernos provinciales, el control de precios se viene realizando a través de tareas de relevamiento y monitoreo en los puntos de venta que llevan adelante agentes estatales dependientes de oficinas de fiscalización, direcciones de estadística y de defensa de usuarios y consumidores y recepcionan consultas e inquietudes de los vecinos.
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