La rebaja de categoría, de pasar de ser ciudadanos a solamente contribuyentes, no sería un mal comienzo para replantearse el país y para entender ciertas cuestiones difíciles de entender desde otro ángulo. Entre las muchas situaciones de tal tipo, solamente a pura memoria, podríamos ejemplificar con: A) cuando salió un fallo judicial para detener el aumento de los transportes -el último- quien apeló el fallo no fueron las empresas sino el propio gobierno. Que tranquilamente dejó correr un tiempito, a sabiendas de que luego aparecería una anulación de tal fallo. Sabemos el resultado. Cuando se habla de crisis, de sueldos rebajados, de suspensiones, de despidos, de más impuestos, el ex ciudadano siempre se pregunta cómo es que prosigue sin cesar el incremento de tarifas de servicios de todo tipo. No se pacta, no se intenta siquiera hacer que quienes están obteniendo ganancias importantes en el país, en tiempos de graves cuestiones sociales, deberían participar del escenario y no manejarse como si facturasen en Suiza. Lo de Iberia resulta todo un sainete, caso B, y en la reciente conciliación obligatoria citada se dijo que el funcionario del gobierno parecía un defensor de los españoles, a pesar del luctuoso proceso en que se llegó al estado actual. En el caso de las multas fotográficas, ante una actitud de los jueces de falta, en favor de la gente, la reacción fue suprimirlos y a otra cosa: sin buscar correcciones o admitir revisar un sistema que trajo tanta polémica. Para no aburrir, las subas de combustibles es un hito permanente, suba o baje el crudo, esté como esté la situación. Y salen los anuncios juntos con cuestiones impositivas, como para colocar más sal en la herida del ex ciudadano Pero, hay más. Porque si se genera un incremento en el consumo del combustible más barato -y van con queja al gobierno-en lugar de admitirse que está bien que la gente intente protegerse de la crisis, se sale con la idea de gravar los vehículos con motor gasolero. Y, de última, donde se implementa un nuevo sistema de celulares y que caduca a los pocos días por advertirse una actitud oligopólica de aumentar las tarifas de modo solapado, no se habla de penalidades justas para los excesos descubiertos. En definitiva, todo conduce a pensar que el ex ciudadano -como instituciones nacionales- queda como contribuyente exhausto de apretarse el cinturón, pero que no hallará defensa en sus propias autoridades. Una de las verdades más atroces que deja el sistema, por lo cual sería un milagro que se atiendan reclamos del mercado, en función de estar liquidando lo que queda de nuestra Bolsa. Quizás ese milagro aparezca, aunque -dado el régimen-solamente así podría cuajar.
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