De la Rúa desafió al Senado y nombró directores del Central

El Presidente firmó ayer un decreto por el cual designó a tres directores del Central (Murolo, Bruzzone y Martínez Christensen) "en comisión". Evitó así verse sometido a la demora que le imponen en la Comisión de Acuerdos del Senado para aprobar los pliegos. Los senadores estarían esperando una señal sobre su situación en la causa de los sobornos. Además, renunció Manuel Domper, cuyo alejamiento del Central se había aconsejado cuando se dictaminó sobre Pedro Pou.

Los senadores que participan de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta harán, casi seguramente, sentir su irritación. Fernando de la Rúa, a instancias de Domingo Cavallo, designó ayer en comisión a tres directores del Banco Central que deben secundar a Roque Maccarone. Estos tres directores son Felipe Murolo -ya ocupó una banca en el Central, fue vicepresidente del Banco Nación durante la gestión de Cavallo en el gobierno anterior y finalmente presidió la AFJP Nación-, Hugo Bruzzone -abogado especializado en finanzas-y Amalia Martínez Christensen -quien también ocupó un cargo en el equipo anterior de Cavallo, pasó después a la actividad privada fugazmente desempeñándose en el Banco Río, y regresó al sector público rescatada por el controvertido Ricardo Gutiérrez, presidente del Banco Provincia-.

Los pliegos de estos funcionarios, igual que el de Alfonso Prat-Gay -economista estrella del Chase-JP Morgan con sede en Londres y postulado para la vicepresidencia de la entidad monetaria-, deben ser examinados por la Comisión de Acuerdos. Desde el Senado ya se le advirtió a Cavallo y a los demás interesados del gobierno que primero se aprobará el pliego de Maccarone y, «después, bastante después», el resto. A pesar de que senadores gravitantes como Augusto Alasino juran no tener inconveniente alguno para conceder al gobierno la designación del directorio, muchos integrantes de aquella comisión decisiva adelantan la necesidad de «ir más lentamente».

La excusa que manifiestan puede parecer demasiado formal pero tiene la ventaja de ser cierta. Quienes confeccionaron los pliegos que se enviaron, cometieron algunos errores técnicos, como no identificar qué butaca le corresponderá a cada uno de los candidatos (incógnita que sólo está despejada en el caso de Maccarone y Prat-Gay, presidente y vice). Este detalle resulta imprescindible porque sólo así se determina la duración del mandato para el que deben ser designados los nuevos funcionarios, ya que se trata de completar períodos de distinta duración según a quien se vaya a reemplazar.

Otra obligaciones

También se objetó que se hubieran enviado más candidatos que las vacantes existentes y se recordó que, si bien el propio Senado recomendó la renuncia de Manuel Domper cuando dictaminó sobre Pedro Pou, esa dimisión no se había producido. Este último argumento perdió vigencia ayer, cuando se conoció la renuncia de Domper, que el gobierno consiguió el viernes. Se trata de un director identificado con el peronismo, ligado al finado Felipe Bittel y asentado profesionalmente como abogado de bancos cooperativos.

Sin embargo, lo que aceleró el trámite del decreto que firmó ayer De la Rúa fue una sospecha política del oficialismo. En la Comisión de Acuerdos figura un grupo de senadores que está imputado en la causa por sobornos que se inició a partir de las denuncias de Carlos Chacho Alvarez y Antonio Cafiero. Entre ellos Augusto Alasino, Ricardo Branda, Angel Pardo, Remo Costanzo, Raúl Galván y Alcides López. Si bien a estos senadores se les dictó en su momento la falta de mérito, los fiscales apelaron la medida y todo el caso está en manos de la Cámara Federal.

Informalmente, sin que nadie lo diga claramente, la Casa Rosada recibió sugerencias acerca de que hasta que no haya «una señal» de ese cuerpo colegiado en favor de la falta de mérito o el sobreseimiento de los senadores, los pliegos seguirán en una especie de limbo. «Son rehenes de los senadores», quiso graficar un funcionario de Economía, utilizando una metáfora fuerte. Resulta inquietante la insinuación porque supone, aunque más no sea por vía de hipótesis, que el gobierno podría hacer algo en favor de esa «señal» judicial.

De todos modos, el sistema institucional ofrece una circularidad interesante. Sucede que el juez Gabriel Cavallo, a cargo de la causa, está entre los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura propondrá para cubrir un lugar en la Cámara Federal. Los otros dos son Carlos Magariños y Jorge Rimondi. Si De la Rúa se inclina finalmente por Cavallo, los senadores a los que el magistrado investiga deberán decidir sobre su suerte, en la misma Comisión de Acuerdos a la que será remitido el pliego del Ejecutivo.

Sea porque en el oficialismo son escépticos sobre la posibilidad de darle un cauce menos negociado a la designación de los directores del Central, sea porque la urgencia de Cavallo encontró un límite, lo cierto es que con el decreto de ayer De la Rúa desafió al Senado o, por lo menos, a su Comisión de Acuerdos. Habrá que esperar ahora la reacción de ésta, que tal vez pague Maccarone con una nueva demora sobre su pliego, que ya tenía una especie de seguro de aprobación.