De la Rúa: "En obras sociales no se afecta a nadie"

Fernando de la Rúa anticipó ayer que la reglamentación necesaria para que sea posible elegir cobertura médica (obras sociales o prepagas) "no afectará a nadie". Estuvo sincero con eso. Porque el decreto que se conocerá entre hoy y mañana demorará en los hechos la posibilidad de elegir libremente sin plazo determinado. Por lo pronto, para que se elabore un nomenclador con el precio de las prácticas médicas que una obra social debe reconocerle a otra por el traspaso de un paciente con enfermedades previas, habrá que esperar 90 días. Los sindicalistas festejan: para el año 2001 tienen asegurada su exclusividad sobre el negocio médico de gran escala. Pero, para no enfrentar agresivamente estas medidas (que piensan boico-tear en marzo, cuando esté más cerca la campaña electoral), recibirán del gobierno cerca de 200 millones de pesos por deudas que vienen reclamando. De la Rúa firmará el decreto correspondiente a este pago junto con la reglamentación. Como si se tratara de un pacto negro con la CGT.

Fernando de la Rúa aclaró ayer que el decreto de desregulación de obras sociales que se conocerá mañana «no es en contra de nadie». Lo dijo durante uno de los reportajes que le realizó el monopolio «Clarín» (ayer le dieron turno en TN, igual que el martes le había tocado radio «Mitre»). No necesitaba aclarar ese carácter inofensivo. Por más que su vocero, Ricardo Ostuni, hubiera afirmado una semana antes que las obras sociales «han sido la caja de la que se derivaban recursos para intereses personales» y que por eso «los sindicalistas se vieron afectados». Tan inofensiva es la reglamentación que los sindicalistas han resuelto no enfrentarla públicamente. Sólo preparan una embestida contra la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, a quien acusan de «no saber cumplir con sus promesas». La quieren fuera de la cartera.

En rigor, De la Rúa ha decidido que el proceso por el cual se concederá la libertad de opción en materia de cobertura médica se realizará arrastrando los pies. La reglamentación -cuyo decreto firmará entre hoy y mañanasobre cómo será posible cambiar de una obra social a otra o a una empresa de medicina prepaga, se conocerá el último día hábil previo a que esté habilitada la desregulación. Es decir que si el 2 de enero alguien decide cambiar de cobertura no tendrá manera de hacerlo. A pesar del decreto que firmaron Carlos Chacho Alvarez y José Luis Machinea a media-dos de año, la desregulación no comenzará a regir a partir del 1 de enero. Claro, tampoco se firmó el decreto de reglamentación el 22 de diciembre, como el propio gobierno había establecido en una norma anterior, también reglamentaria. Como se ve, la administración parece conducida por cualquiera menos por un abogado procesalista en este punto.

Pero si la desregulación no afecta a nadie por la vía de la reglamentación, en otros aspectos beneficia directamente a los gremios. Concretamente, De la Rúa tenía anoche a su firma, prove-niente del Ministerio de Salud que conduce Héctor Lombardo, una norma por la cual se distribuirá entre los sindicatos un fondo de aproximadamente $ 200 millones. Parte de ese dinero, que corresponde a deudas que reclaman los gremialistas por mala asignación de contribuciones, se pagará en efectivo (aproximadamente $ 35 millones). El resto se abonará en bonos, tal como lo dispuso Machinea. Es lo que los sindicatos demandan por una deuda contraída por el PAMI con el sistema de obras sociales. De la Rúa no explicó que se tratara de obligaciones del Estado sino de una ayuda para que los gremialistas puedan competir en igualdad de condiciones para el año próximo.

En realidad, si algo no les interesa a los sindicatos es competir en igualdad de condiciones. Por eso consiguieron algunas ventajas increíbles para un esquema competitivo como el que proclama la retórica del gobierno. Por ejemplo: las empresas privadas deberán pagar impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (10,5% cuando no se trate de prestaciones del programa básico establecido por el gobierno) en cambio, las obras sociales no. Además, los sindicalistas consiguieron que toda la reglamentación -que se conocerá entre hoy y mañana oficialmente pero que este diario ya adelantó el viernes pasado-sea remitida al superintendente del Sistema de Salud. Actualmente es Rubén Cano, un funcionario que presionó en favor de ellos durante los últimos meses. Pero el sueño sindical va más allá: una vez conseguido que la firma de ese funcionario sea decisiva para cualquier trámite ligado a la desregulación (lo que no es sano desde el punto de vista administrativo porque favorece las corruptelas), la CGT pretende presionar al gobierno para que ese cargo lo ocupe alguien de sus propias filas.

Además de este diseño administrativo, la reglamentación que firmará De la Rúa delega sin un cronograma preciso en el Ministerio de Salud y la Superintendencia la redacción de toda la letra chica que regulará el proceso de libre opción. Es evidente que existió una enorme impericia en toda la gestión de estas medidas: alguien le hizo firmar al Presidente un decreto en el cual se supone, erróneamente, que esa «letra chica» podría estar elaborada para diciembre, lo que resultó técnicamente imposible. En realidad, es lo que le explicaron al Presidente, cuando en rigor toda la demora está pactada con los gremios.

Para los dirigentes de la CGT todo el problema es controlar la redacción de estas cláusulas y sacar allí todas las ventajas posibles, sobre todo en las barreras que se puedan imponer a las empresas privadas para participar del sistema, además de la desventaja impositiva, ya planteada.

De la Rúa insistió ayer con un eslogan que le escuchó a Vicente Fox durante la ceremonia de su asunción como presidente de México: «Si la gente puede elegir a su gobierno, ¿cómo no va a poder elegir a su propio médico?». Sin embargo, la desregulación que han pergeñado sus funcionarios está lejos de asegurar dicha capacidad de opción:

* En primer lugar, porque con $ 20 per cápita como aporte las empresas privadas no ofrecerán los servicios con los que actual-mente las identifica el público. La mayoría de ellas está habilitando «segundas marcas» a través de las cuales, por un pago como el establecido por el gobierno, darán los servicios mínimos exigidos en el Programa Médico Obligatorio, de manera bastante modesta (habrá colas para obtener turno con los médicos, que serán pocos; la hotelería hospitalaria será la más austera, etc.).

* En segundo lugar, la reglamentación que intentan imponer los gremialistas no estimulará la libre competencia sino que inducirá a los privados a invertir en el sistema sindical llevándose un porcentaje del negocio por el gerenciamiento. Es decir, apostar a una clientela que por unos años seguirá siendo cautiva.