Decidirán hoy si hay aumento en gas y GNC

Discute el gobierno hoy en audiencia pública la suba del precio del gas en boca de pozo para industrias, grandes comercios y el GNC. Es la primera audiencia de este tipo desde que se sancionó la emergencia económica. Si prospera, podría aplicarse la suba en gas que se anunció en febrero y sigue pendiente hasta ahora de resolución. El aumentó sería de 33% a 50 % sobre los tres sectores, con un impacto de un tercio a 50% sobre la tarifa final. La audiencia deberá comenzar a las 9, aunque antes la jueza Lilina Heiland podría hacer lugar a una medida pedida por asociaciones de consumidores -se duda que lo haga-y trabar así nuevamente el ajuste en tarifas.

Se realiza hoy -desde las 9- la audiencia pública por la suba en el precio del gas en boca de pozo para usuarios industriales, grandes comercios y GNC. El debate público es un test para el gobierno y las empresas privadas porque por primera vez se discutirán tarifas en público desde que se sancionó la Ley de Emergencia Económica.

De todas formas, la audiencia todavía está sujeta a la decisión que emitiría, a primera hora de hoy, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland. La magistrada se comprometió a expedirse antes de la hora del debate sobre la medida cautelar solicitada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Argentina (FACUA), entidad que preside Sandra González.

Esa demanda cuestiona que los precios en gas en boca de pozo acordados entre las petroleras y la Secretaría de Energía hayan sido aprobados por el Ministerio de Planificación antes de ser sometidos a audiencia pública. También objeta que se modifiquen los cuadros tarifarios de las licenciatarias de gas natural, mientras no se finalice la renegociación de los contratos con las privatizadas.

Estos dos argumentos, sin embargo, tendrían escaso sustento legal. El acuerdo fue firmado por el ministro De Vido para ser discutido en la audiencia porque tiene que haber una propuesta del gobierno para ser discutida. Luego del debate, por lo menos teóricamente, el ente regulador podría introducir cambios, aunque también es cierto que el gobierno tuvo cierto descuido en las formas y aseguró que los nuevos valores regirían desde el próximo lunes.

Por otra parte, el precio del gas en boca de pozo no es una tarifa de una privatizada y, por consiguiente, no entra dentro de lo que exige la ley de emergencia con respecto a esas empresas. Fue distinta la situación cuando, en el gobierno de Eduardo Duhalde, el ministro Roberto Lavagna propuso subas para el transporte y la distribución de gas y electricidad. En ese momento, la Justicia sostuvo que la audiencia no podía realizarse porque la ley de emergencia no preveía aumentos parciales, a cuenta de la renegociación definitiva de los contratos.

Ahora, en la ley que prorroga la revisión hasta diciembre de este año, se autorizan ajustes parciales o acuerdos transitorios con las privatizadas. Pero igualmente no es el caso del precio del gas en boca de pozo que perciben las petroleras. (De paso se puede recordar que aunque ahora se queja del retraso de precios, las subas que propuso Lavagna en la época de Duhalde no eran para el valor del gas o de la electricidad mayorista, los dos productos que la ley de emergencia le permitía ajustar porque no se trata de privatizaciones.)

Según expertos legales, el único aspecto de la demanda de FACUA que tendría fundamento legal es la indexación por el tipo de cambio para el precio del gas, siendo que esa clase de cláusulas están prohibidas por la ley de emergencia. No obstante, según las mismas fuentes, la Justicia no podría expedirse antes de que el Enargas defina cómo quedará el sendero de precios, y ese aspecto en particular.

Por otra parte, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, que incide fuertemente en las decisiones judiciales de esta naturaleza, se pronunció en favor de la realización de la audiencia porque, según dijo, «tiene el sentido de pedir información y debatir sobre el tema energético». Agregó que «si las resoluciones no resultan convenientes, después las asociaciones de consumidores pueden ir a la Justicia».

• Cortes

El riesgo judicial se da en el medio de una situación muy complicada desde el punto de vista del suministro del gas. El martes, según los datos que publica el Enargas, las distribuidoras tuvieron restricciones por 19 millones de metros cúbicos, que se reflejaron en cortes a interrumpibles por ese volumen. La cifra representa aproximadamente 15% de la demanda actual, y cobra significación, si se considera que para fecha similar a principios de mayo de 2003 el corte era de 250.000 metros cúbicos.

Se espera que, con la aprobación de los nuevos precios, vaya mejorando paulatinamente la oferta, aunque las petroleras aseguran que la falta actual de gas se debe a que necesitan hacer reservas para el momento pico del invierno.