La Caja de Valores debe decidir ahora si acata el decreto, lo que podría provocar que deba enfrentar los juicios de los tenedores de los préstamos garantizados. Otra alternativa es desobedecer al gobierno. Parece existir una tercer opción: renunciar. No están claras las consecuencias de esta alternativa.
Pero en esta historia hay cuatro protagonistas: los acreedores (AFJP e inversores), la Caja de Valores como depositante fiduciario, el gobierno y el Banco Central como agente pagador.
Muchos soslayaron el rol del Central, pero las AFJP tienen la obligación de retener de la recaudación del impuesto al cheque como garantía de los préstamos garantizados. Por lo tanto, como agente de pago, el Central se verá ahora intimado por las AFJP en no acatar el Decreto 530 por su carácter de inconstitucional.
Las AFJP involucrarán ahora al Central, una institución que aún tiene en el mercado una percepción de riesgo aceptable, principalmente por su autonomía. En tal sentido, un nuevo ingrediente aparece en el escenario:
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