Antes del arribo del canciller, el gobierno argentino había pedido a Siemens que enviara una comisión negociadora, con la intención de demostrar que está dispuesto a solucionar el diferendo suscitado por el contrato firmado por Carlos Menem y anulado por Fernando de la Rúa.
Tampoco está claro si en el presunto caso de que se produjera un eventual pedido para volver a poner en marcha la contratación, esto sería aceptado por Siemens. En principio, una alternativa de ese tipo no estaría en los planes de la empresa, que considera que el contrato ya está demasiado sospechado.
Por el contrario, los negociadores alemanes insistieron con la indemnización a cargo de un tribunal internacional, sin poner monto al reclamo que presentarían y que se estima sería de 520 millones de dólares.
En principio, el gobierno estaría dispuesto a afrontar un pago de 180 millones de dólares por las instalaciones hechas por Siemens y transferidas al Estado para la confección de los DNI.
