El gobierno busca mejorar el esquema de subsidios para el comercio de trigo, pero la disputa entre dos bandos bien diferenciados impide una definición que hace temer a los productores posibles aumentos sobre las retenciones.
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El precio del cereal, insumo básico del pan, sigue firme (volvió a aumentar casi 1%) y preocupa al gobierno que cada día debe desembolsar un monto mayor para subsidiar a la cadena de comercialización, con el fin de impedir que las alzas en los mercados internacionales se trasladen al precio del trigo y luego a la harina.
Frente a la decisión presidencial de mantener acotados los precios de los productos que afectan la inflación, varias áreas del Estado buscan alternativas para resolver la coyuntura: agricultores que pujan por conseguir precios similares a los del mercado mundial, molineros que quieren abastecerse a precio bajo y exportadores que pretenden que les liberen las ventas.
«Demasiados intereses para ponerse de acuerdo», admitía ayer un analista. Dichos intereses quedan expuestos en el duro enfrentamiento que atraviesan por estos días la Secretaría de Comercio Interior con la Secretaría de Agricultura de la Nación. El organismo que encabeza Guillermo Moreno, en coincidencia con los exportadores, pretende liberar las ventas externas aunque condicionaría la emisión de los certificados de exportación al volumen que se destine al mercado.
Por el contrario, el secretario Javier de Urquizaimpulsa el proyecto de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que quiere perfeccionar el sistema que establece las compensaciones para el molino sobre la base de la diferencia entre el precio del trigo comprado y el Precio de Abastecimiento Interno. Lo hace porque dicen, con el esquema actual terminan financiando el subsidio del Estado.
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