La manipulación del índice de inflación por parte del INDEC ya generó la primera denuncia concreta en contra de la ministra Felisa Miceli. El motivo de la presentación judicial es la presunta comisión de delitos de «defraudación, estafa y desbaratamiento». El delito de estafa prevé una prisión de seis meses a ocho años. Los afectados por el accionar del INDEC, de acuerdo con la denuncia que presentó Gabriel Santiago Cúneo, serían los ahorristas pesificados del «corralito» y « corralón» que recibieron bonos ajustables por CER (el coeficiente que varía de acuerdo con la evolución del índice de precios minoristas) como restitución de sus ahorros.
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En realidad, la subestimación de la inflación afecta a todos los tenedores de títulos en pesos indexados por inflación, que suman el equivalente a u$s 45.000 millones. Además de Miceli, se agregan como posibles culpables de la defraudación a «cuanto funcionario dependiente de la misma ligado a la elaboración y difusión de los índices inflacionarios del INDEC». Si bien se considera que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es responsable directo de los cambios que se introdujeron en el índice, será muy difícil probarlo.
Probablemente conociendo la posibilidad de una denuncia de estas características, cuando le consultaron por la elaboración de los datos de inflación el funcionario contestó: «No es un tema de mi incumbencia». El escrito judicial, que es patrocinado por el abogado Francisco Gallotti, califica a la presentación de los datos del INDEC de enero como «mentirosa». El cálculo oficial arrojó un incremento de precios minoristas de 1,1% cuando debería haberse ubicado en alrededor de 2,1%, según sostiene la presentación. «Estaba casi un punto por encima de la cifra prometida al presidente Néstor Kirchner y mostraba a las claras el fracaso de la política de acuerdos de precios del gobierno. La referida noticia no hizo más que develar una clara maniobra fraudulenta por parte de la cartera económica, como un instrumento de consumación de la estafa a los ahorristas».
A esta denuncia se le sumará otra por parte de senadores radicales, que ya advirtieron que tienen en marcha un recurso de amparo por la tergiversación de datos por parte del INDEC. Cúneo asegura que se produce un «perjuicio patrimonial» para los inversores, que surge de un ataque real y efectivo al derecho de propiedad.
Entre los que se solicita para brindar declaración testimonial, figuran, además de Miceli, el ex titular del INDEC, Lelio Mármora, las ex directoras nacionales del organismo Graciela Bevacqua y Clyde Trabuchi, además de Ricardo López Murphy, Roberto Lavagna, Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo.
Bancos de inversión internacionales, como el JP Morgan, ya habían advertido que la subestimación de la inflación implicaba una virtual quita para la deuda («haircut», según la expresión en inglés) del orden de 40% tanto para enero como para febrero. De subsistir esta situación, la pérdida para los inversores podría ser aun más abultada. Miceli tomó nota de la preocupación que existe entre bonistas y en general entre inversores por la manipulación de datos y adelantó desde Guatemala (donde participó de la reunión anual del BID) que procurará normalizar la situación del INDEC.
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