Por lo menos ocho artefactos explosivos fueron instalados en estaciones de servicio, aunque resultaron desactivados por personal especializado ante las denuncias efectuadas por los propios encargados de esos establecimientos. Los episodios ocurrieron el jueves último, en vísperas al paro que luego se levantó parcialmente y también tras las amenazas de aplicar la Ley de Abastecimiento a las petroleras por parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
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La Cámara de la Industria Petrolera (CIP) le envió ese mismo día una carta al ministro del Interior, Aníbal Fernández, para dar detalles de los episodios y solicitar que el gobierno brinde las mayores medidas de seguridad para evitar nuevos atentados. «Se trató en todos los casos de bombas de estruendo instaladas en los baños. No hubo denuncias, sino que se había solicitado a las propias estaciones de servicio un mayor control de seguridad porque el clima se había enrarecido en las últimas jornadas», relató el directivo de una petrolera. Según lo que pudo averiguar Ambito Financiero, en la mayor parte de los casos fueron atacadas estaciones de servicio pertenecientes a las petroleras y no aquellas manejadas por propios dueños.
La instalación de artefactos se produjo días después del reparto de gran cantidad de panfletos en las estaciones en los que se pedía a los empleados y se exigía a los dueños de las mismas que se plegaran al paro. Las petroleras reconocen que se vivieron jornadas «de tensión y amenazas», que también incluyeron gran cantidad de llamados telefónicos.
Alarma
El cese de actividades del viernes había sido convocado por el Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, ante el temor por pérdida de puestos de trabajo ante la falta de gasoil en distintas zonas del país. Finalmente, se levantó en casi todo el país por el dictado de la conciliación obligatoria. Sólo Córdoba y Santa Fe sufrieron la medida de fuerza con muy alta adhesión, porque los trabajadores no están comprendidos dentro del mismo convenio de trabajo.
La alarma no llegó sólo a las petroleras y a las estaciones de servicio, sino también al propio gobierno. En primer lugar, porque no se trató de amenazas de bomba, sino de artefactos efectivamente colocados, pero, además, por el desastre que podría generar una explosión en una estación de servicio.
