26 de diciembre 2005 - 00:00

Desocupados: 65% sin nivel secundario

«El 65% de los desocupados no terminó la educación secundaria», según reveló el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). Esto marca la necesidad de «reglas de juego en el mercado laboral que faciliten e incentiven la contratación en blanco de mano de obra de baja calificación» para que la desocupación continúe descendiendo el año próximo.

De la mano de una vigorosa reactivación de la actividad económica observada desde la crisis de 2002, el desempleo viene descendiendo pero «sigue siendo muy alto (14% en el tercer trimestre de 2005 si se considera desempleados a los beneficiarios del Plan Jefes) y fuertemente concentrado en personas de muy bajo nivel de educación», explica IDESA en su informe semanal.

Además,»la demanda de este tipo de mano de obra (de bajo nivel de calificación) muestra profundas disparidades entre sectores y tipos de empresas», completa IDESA.

A continuación, los puntos más destacados del informe:

• En base a los datos de la EPH referidos al segundo trimestre de 2005 se concluye que del total de los asalariados privados, 48% no completó la educación secundaria. Este valor se reduce a 42% si se excluye el servicio doméstico.

• En algunos sectores, como servicio doméstico y construcción, esta proporción alcanza a 77% y 72%, respectivamente.

• Entre las pequeñas unidades con menos de 5 trabajadores, la proporción llega a 52%, mientras que en empresas de mayor tamaño se reduce a 38%.

• Del total de desocupados, incluyendo a los beneficiarios del Plan Jefes, 65% tiene bajo nivel de educación. Se trata de más de 2 millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral extrema. El 78% son miembros de hogares pobres, mostrando la estrecha asociación entre problemas laborales y marginalidad social.

Un ataque directo y ambicioso sobre el «núcleo duro» del desempleo -integrado por personas con escasa empleabilidad- impone una agenda de acciones de política que sigue pendiente.

• El mecanismo de incentivo fiscal para el «blanqueo» de trabajadoras domésticas es un paso en el sentido correcto, aunque insuficiente.

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