La deuda a reestructurar finalmente asciende a los u$s 106.700 millones, u$s 18.700 millones más respecto a la presentación que se había efectuado a fines de setiembre en Dubai. No es que se hayan colocado nuevos títulos, sino que ahora se contabiliza en la masa total de deuda en default los intereses vencidos (PDI, en la jerga financiera) desde fines de diciembre de 2001.
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De esta forma, el total de la deuda a reestructurar representa 57,6% del total contra 52% calculado con anterioridad. Unos u$s 11.000 millones correspondientes a intereses caídos, otros u$s 4.500 millones son intereses que capitalizan los títulos en default (sobre todo el 2018 y el 2031) y lo restante corresponde a intereses corridos (vencieron recientemente) y punitorios.
Esta inclusión fue interpretada como un guiño por parte del ministro de Economía, Roberto Lavagna, para la negociación con los acreedores. Sin embargo, en los lineamientos generales se aclara que los PDI no serán considerados para la reestructuración. El tratamiento de los intereses caídos será un punto central que entrará en la negociación con los bancos que resulten colocadores de la nueva deuda.
Otro punto que incluye la presentación y que cambia lo que se había indicado en Dubai tiene que ver con el mecanismo de elección de los nuevos títulos. Específicamente, ahora se incluye la posibilidad de que la deuda en dólares pueda canjearse por un nuevo título en pesos indexado. Aunque no se dan mayores precisiones, el nuevo bono en moneda local será emitido a $ 1,40 más CER por cada dólar. En la presentación inicial, esta posibilidad estaba vedada. La oferta va dirigida a los fondos de pensión, que podrían así optar por la pesificación de sus tenencias. Claro que esta opción plantea una quita inicial de 30%, debido a la cotización del dólar en el mercado libre y el cálculo correspondiente a $ 1,40 más CER. Obviamente, también los acreedores extranjeros podrían pesificar, pero no tendría demasiado sentido para ellos.
Otros puntos para tener en cuenta respecto a la presentación de ayer:
• La agresiva quita propuesta es defendida por la necesidad de que el pago de intereses no supere el superávit primario, que permanecerá fijo en 3%.
• Se insiste en que «el reclamo judicial no es el mejor medio», sino que la solución debe ser negociada entre el gobierno y los acreedores.
• La propuesta plantea una agresiva reducción de la relación entre la deuda y el PBI, que pasaría de 140% actual a menos de 60% (nivel máximo aconsejado por criterios de Maastricht) a partir de 2015.
• El gobierno calculó que más de 50% de la deuda elegible está en manos de argentinos y 38% está en la Argentina, mientras que parte de las tenencias de bonos en el exterior también está en manos de bonistas locales.
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