Gobierno y bonistas relanzan negociación: pedirán extensión de plazos a la SEC

Economía

Tras los movimientos de los bonistas del fin de semana, la disputa con acreedores ingresa en semana clave. La distancia de acuerdo representa entre 1 y 2 puntos del PBI argentino.

Entre 2 y 1 puntos del Producto argentino. O entre u$s8.000 y u$s4.500 millones. La diferencia entre un cálculo y otro, es si se toma en cuenta el potencial de la inclusión de un cupón PBI o “premio” similar para los que acepten la propuesta final. Este es el cuadro de la nueva etapa en la batalla entre el Gobierno y los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional, disputa que hoy ingresará en otra semana de definiciones.

Para mañana se espera el pedido a la Securties and Exchange Commission (SEC) de la extensión de un nuevo plazo para seguir negociando; y, mientras tanto, mantener la oferta inicial (la que venció el 8 de mayo), aún como la válida por un plazo más que podría ser de entre 5 y 10 días. La fecha más probable sería el 12 de junio. Las partes saben que sólo es una cuestión burocrática. La autoridad de Wall Street no pone ningún tipo de trabas, si los abogados que representan a las partes dan el visto bueno y afirman que las negociaciones continúan. Esto se descarta, con lo que los negociadores de los dos bancos, más el banco intermediario Lazard (trabajando a destajo en estos tiempos y transpirando su comisión); seguirán en la mesa virtual de negociaciones vía teleconferencias.

Si bien hubo contactos durante todo el fin de semana, la situación de las ofertas y contraofertas llega a hoy con la misma foto del viernes por la tarde. Los últimos que movieron las fichas fueron dos de los grupos que representan a los bonistas: el Grupo Argentino Ad Hoc, que incluye a los grandes fondos BlackRock, Fidelity y Ashmore (en total, unos 18 inversores que afirman representar a un 25% del total y que acumulan gran parte de los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri) y el Grupo de Bonistas del Canje, con Monarch, Cyrus, HBK y VR en sus filas, y con la mayoría de los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo entre sus participantes. El tercer grupo, el Comité de Acreedores de Argentina, representa a Greylock, Gramercy y Fintech, y aún no presentó contrapropuesta, ya que descarta que la suya será la más cercana a la posición oficial; con lo que elige la estrategia del tiempismo.

En cuanto a los dos primeros grupos, lo más importante de la propuesta presentada el viernes, es que se ofrece un plazo de 9 años para comenzar a pagar el grueso de los compromisos, y una tasa de interés promedio de 4,25%. Son siete títulos en dólares y siete en euros, con un inicio del pago de capitales en 2025; y un in crescendo en las liquidaciones que se consolida desde 2027 en adelante. La duración promedio de los papeles (según el titulo que reemplace y si se trata de una deuda K o M), es de entre 12 y 15 años; y responsabiliza a Argentina del cumplimiento estricto del compromiso.

Tal como adelantó este diario el jueves pasado; los acreedores quieren incluir el pago de un cupón PBI en el acuerdo, pero con una salvedad importante: que el crecimiento de la economía argentina sea medido por el FMI (y no por el INDEC) a través de la aplicación del artículo IV luego de la firma de un acuerdo entre el país y el organismo financiero internacional. Con esto, afirman, quieren cubrirse de la eventualidad de un nuevo ciclo de manipulación de las cuentas públicas argentinas, y que todo derive en un juicio como el que el fondo buitre Aurelius le está haciendo al país en los tribunales norteamericanos de Loretta Preska. Para el ministerio de Economía, aceptar esta cláusula, es complicado. No sólo estaría entregando un derecho soberano, sino que además virtualmente aceptaría que hubo manipulación en la medición del PBI durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que no sería un muy buen antecedente en el juicio de Nueva York. Los negociadores locales afirman que el pedido de la inclusión de esta cláusula es una maniobra: eventualmente se aceptaría quitarla para mostrar buena voluntad. Lo que en realidad le interesa a los acreedores es que este “endulzante” se incluya. Los tenedores de deuda del Grupo de Bonistas del Canje, que tienen títulos Discount y Par emitidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, saben que con la deuda lanzada en 2005 para salir del default del 2001 hicieron un gran negocio, ya que cobraron cada vez que el país mostró crecimiento de más de 3,22%, los acreedores percibieron este premio. Teniendo en cuenta que durante los años de oro del kirchnerismo el alza del PBI se comparaba con las de China, el negocio de los acreedores que aceptaron la propuesta fue enorme.

La contrapropuesta de los dos grupos de acreedores representa un Valor Presente Neto (VPN) de 53/54 centavos de dólares por cada dólar. Mientas que la última oferta que el viernes pasado blanqueó Martín Guzmán, ubica el VPN en unos 47/48 centavos. Las distancias están ahora entre 6 y 7 puntos, el nivel más cercano desde que la primer propuesta de Guzmán (que elevaba la distancia a más de 20 centavos), sólo recibió el 18,6% de aceptación. Si bien la distancia se acortó de manera sustancial, aún es importante.

La oferta mejorada del viernes, que incluye la posibilidad de emitir (por ahora de manera tenue y selectiva) cupones PBI; se basa en reducir los tiempos de comienzo del cronograma de cobro en al menos un año (de 2023 a 2022), pero de manera creciente y selectiva; y el reconocimiento de los intereses desde el momento en que se firme el acuerdo final; y a través de la emisión de un título al 2034 y un cupón de 1% emitido desde 2022. A esto se le suma la voluntad de incluir el cupón PBI, sin mencionar, aún, quién sería el encargado de medirlo. Otra cláusula importante de mejora de la oferta inicial, es la posibilidad de pagos semestrales de capital; algo que atrae sustancialmente a los acreedores. Lo que aún no convence, especialmente a los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo, es que la nueva deuda sostiene las cláusulas de protección de los bonos del 2016 en adelante. Los bonistas “M” no notarán diferencia, pero para los “K”, es una posición que desmejora sus derechos actuales. Ahí debería jugar fuerte la cláusula “PBI”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario