Los ministros Cavallo y Bastos anunciaron días atrás el paquete de medidas «reactivantes». De todas ellas, la que mayor polémica despertó fue el «factor de empalme» cambiario. Es cierto que la explicación brindada no dejaba muy claro de qué se trataba y cómo se implementaría, por lo que era lógico que despertara el temor al «monstruo de la devaluación». Sin embargo, aun habiéndolo explicado bien, el fantasma de una modificación del sistema cambiario iba a quedar flotando. La Argentina es un país que, hasta la década de los '90, inventó y puso en práctica las mayores aberraciones en términos de políticas monetarias y cambiarias. Nuestro pasado nos condena y lo demuestra el fuerte impacto negativo que tuvo, en su momento, en la percepción de riesgo el proyecto de ley de convertibilidad ampliada recientemente aprobado por el Congreso. Es lamentable que no se haya aprendido de la experiencia y se haya empa-ñado con esta medida «cambiaria» un paquete «reactivante» que, en general, puede ser evaluado como muy positivo.
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Quizás el principal error fue haber dejado la idea, equivocada, de que se trataba de la implementación de un sistema de tipos de cambio múltiples, cuando en realidad no era así. Para entenderlo, lo primero es ver cómo funciona este «empalme» con la Ley de Convertibilidad ampliada. Se crea un «factor de convergencia» (FC) que se calcula como un dólar y el promedio entre la diferencia entre un dólar y la mitad del valor en la moneda estadounidense de un euro. De esta forma se establece un sistema que hace que los exportadores reciban más de un peso por un dólar (hoy cerca de $ 1,07) y los importadores tengan que pagar ese mismo precio por la moneda estadounidense. Al mismo tiempo se reducen, en 8 puntos porcentuales, los aranceles a la importación de bienes de extrazona y los subsidios a las ventas argentinas con dicho destino. Por lo tanto, podríamos decir que la protección contra los productos de dichos países ha caído y lo mismo sucede con los incentivos a las exportaciones que les hacemos.
Este «factor de convergencia» es dirigido por la Administración Federal Ingresos Públicos, que es la que compensa la diferencia sobre el tipo de cambio vigente que deben recibir los exportadores y cobra lo pagado de más por los importadores. Por ende, en realidad, lo que se ha implementado es un sistema móvil, muy creativo, de subsidios a las exportaciones y de aranceles a las importaciones que apunta a mejorar la situación de nuestros productores de bienes comerciales respecto de los países del Mercosur. Por el acuerdo del Mercado Común no se podían implementar aranceles a las importaciones o subsidios a las exportaciones que afectaran a nuestros socios. Sin embargo, nada impide tener un «tipo de cambio comercial» para liquidar las ventas externas a valores mayores de un peso por dólar.
Otra prueba de que es un sistema arancelario y de subsidios y no uno cambiario es que se implementó por decreto. Esto solamente era posible en el primer caso y no en el segundo, ya que la ley de superpoderes impide avanzar al PE sobre el sistema cambiario de convertibilidad. Si se hubiera po-dido implementar un sistema explícito de aranceles y subsidios que afectara a los socios del Mercosur, especialmente a Brasil, que lleva devaluado su real más de 25 por ciento en lo que va del año, seguramente hubiera sido mejor optar por ello. Sin embargo, hubo que «venderlo» como un mecanismo cambiario y no arancelario y de subsidios porque hubiese violado las normas del Mercado Común.
De hecho, este sistema de aranceles móvil disfrazado de sistema cambiario no despertó las críticas de nuestro principal socio debido a que éste no ha podido contener la fuerte pérdida de valor de su moneda. En tanto, los otros países del acuerdo decidieron compensar nuestra decisión con un mayor ritmo de devaluación. El problema es que este esquema tiene un mayor beneficio para los exportadores o los productores locales de bienes que compiten con los del Mercosur en la medida en que el euro más se deprecia, o sea se aleja más la posibilidad de entrada en vigencia de la convertibilidad ampliada.
Cabe recordar que esta última sólo se implementará cuando el euro valga un dólar. En tanto, la medida solamente compensa las futuras mayores pérdidas de valor de la moneda única europea a los exportadores o a los productores de bienes que compiten con la eurozona. Como toda medida proteccionista, gene-rará una transferencia de ingresos de los consumidores locales a los empresarios que producen bienes que se venden al Mercosur o que compiten con los que vienen de la región y que al mismo tiempo su precio se determina intrazona. Por otro lado, la baja de la protección efectiva contra terceros países podría disminuir marginalmente esta transferencia para el resto de los bienes de consumo comercializables internacionalmente.
Como medida de política comercial, personalmente considero que contribuirá a generar subsidios injustos y una mala asignación de recursos productivos, por lo que afectará la eficiencia de la economía y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, aunque se considerara conveniente para el crecimiento del país, hubiera sido mejor que no se hubiese implementado.
Desde el Ministerio de Economía se caracterizó de miopes e ignorantes a los que no entendieron la medida. Sin embargo, cuando se implementan políticas económicas se deben tener en cuenta: a) sus posibles bondades desde el punto de vista del bienestar económico presente y futuro de la sociedad, b) la forma de comunicarlas y c) cómo serán percibidas por los que toman decisiones económicas. Hay que moverse con la realidad y, si uno se encuentra que tiene una medida buena que a pesar de los esfuerzos de comunicación tendrá un impacto negativo en la confianza, ésta no debería implementarse. Simplemente, debe tenerse en cuenta que la evolución del PBI depende de la demanda interna que absorbe alrededor de 90% de la producción de bienes y servicios del país y que depende de la confianza.
A mayor incertidumbre, menor ingreso de capitales que financie el gasto doméstico y menor propensión a consumir e invertir, lo cual genera recesión. En el caso del último paquete anunciado el martes, todas sus innegables bondades se vieron anuladas por el aumento de la percepción de riesgo debido a una medida que no alcanza a favorecer 6% de la demanda total de productos argentinos. Aun así, es esperable que cuando se comprenda lo hecho, empecemos a ver un saldo positivo neto del conjunto del paquete sobre la confianza en la Argentina, aunque mucho menor al que hubiéramos podido tener si no se tomaba la comentada medida de comercio exterior.
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