Tras «el rodrigazo» (brusca devaluación del peso y drástico ajuste cuando brevemente Celestino Rodríguez fue ministro de Economía de Isabel Perón en 1975), el país inventa un argentinismo que se llamó «ajuste por inflación». Era casi lógico por las brusquedades tradicionales de la economía argentina. Había habido en 1962 otra devaluación brutal de 50% por Federico Pinedo, que también duró días en su cargo por esa manía nacional de querer ignorar la caída del peso hasta que alguien normaliza de repente la situación, pero lo echan «por realista». La hubo en menor grado después de irse José Martínez de Hoz en los '80 y tras la convertibilidad cesada con el «corralito» en diciembre de 2001. El «ajuste por inflación» no es un método fiscal correcto para la ortodoxia económica, pero sí es propicio para un país donde cada uno que asume el gobierno ama hacer demagogia populista y prolongar eternamente su mandato. Entonces los mercados empiezan a desconfiar, las finanzas del país caen en paridades utópicas porque cuando hay desconfianza se va el dinero de los privados al exterior, y viene el realismo brusco, tipo «rodrigazo». Caída la convertibilidad y producida la crisis con severa devaluación que llevó del dólar «1 a 1» a «3 por 1», el gobierno, desesperado por ingresos fiscales, prohibió el «ajuste por inflación» (le cobran impuestos por «ganancias» a una renta que sólo emerge por simple variación de precios en alza). Ahora el gobierno decide devolver lo que se llevó en 2002, 2003 y lo que se iba a llevar este año. Esa es la importante medida redactada el viernes y publicada en Tapa ayer por Ambito Financiero. Es mucho dinero, 500 millones de pesos por año a grandes empresas que incorporaron bienes de capital (tecnología, por ejemplo, y flotas de vehículos). No beneficia a bancos, por caso, y muy poco a empresas chicas. Pero es útil y marca una tendencia del gobierno a no seguir extrayéndole tanto dinero al sector privado para hacer «economía estatista» como obras públicas digitadas, trenes subsidiados y dádivas por doquier. Dinero restituido al sector privado es algo realmente productivo y capaz de generar empleos.
A casi tres años de la salida de la convertibilidad, el gobierno quiere reglamentar un esquema que compense a las compañías industriales que invirtieron durante ese lapso.
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En lo que ya se llama «plan Navidad para la industria», el Ejecutivo envió al Congreso, tal como adelantó ayer este diario, un proyecto de ley para permitir la devolución en efectivo del crédito fiscal acumulado por las empresas a diciembre de 2004, siempre que figure que la compañía invirtió dinero o incrementó sus activos físicos desde noviembre de 2000. El gobierno destinaría para este fin unos 500 millones de pesos anuales que deberían ser presupuestados cada ejercicio, y para cuya devolución el Ministerio de Economía tendría cierta discrecionalidad.
Más allá del tecnicismo de la medida que deberá aprobar el Congreso, estos son los puntos relevantes de lo que busca el Ejecutivo con este mecanismo:
• Como los que recibirían este dinero son los que invirtieron en activos físicos desde fines de 2000, únicamente serviría para las empresas que abrieron o ampliaron plantas, realizaron inversiones puntuales en infraestructura o adquirieron vehículos o bienes de capital. En otras palabras, sólo la industria podría contar con este beneficio fiscal; ya que se trata del único sector que tuvo cierta expansión desde ese año hasta diciembre de 2004. Únicamente, como servicio, el turismo podría verse beneficiado, ya que es el único rubro que aumentó sus activos. El sistema financiero, comercio mayorista y minorista, los importadores y las empresas de servicios públicos quedan fuera de este beneficio por no haber aumentado sus activos. Es una forma, muy indirecta por cierto, de beneficiar a los que invirtieron en los últimos años.
• La segunda intención, velada, que tiene el gobierno es compensar a las industrias (y sólo a este sector) por la prohibición de aplicar los mecanismos de ajuste por inflación luego de la devaluación que provocó un incremento en los precios industriales de más de 100 por ciento. Esta medida le permitió primero al gobierno de Eduardo Duhalde y luego de Néstor Kirchner, incrementar los ingresos tributarios en más de 5.000 millones de pesos sólo entre 2002 y 2003; ya que el alza en la cotización de los valores de los activos en pesos no pudo ser compensada para descontar el pago de Ganancias en esos dos ejercicios. Ahora, y en un plan de mediano plazo, el gobierno permitirá un mecanismo de devolución del crédito fiscal acumulado, siempre que hayan invertido. Esto quiere decir que podrán licuar parte del incremento en los activos en bienes de capital, plantas y vehículos y unidades móviles; lo cual le permitirá compensar lo que en su momento tuvieron que pagar impuestos de más por la prohibición de la aplicación de los mecanismos de ajustes por inflación. Sólo la industria se beneficiaría, ya que es el único sector de la economía que sufrió incrementos en el valor de sus activos que pueden ser computados como incrementos físicos en sus existencias y que pueden figurar como inversiones.
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