En una jornada con exposiciones respaldadas por datos, estadísticas y cifras, en todos los casos contundentes, la nota insólita del seminario organizado por la Cámara Argentina de Comercio sobre el comercio ilegal la dio Norberto Quantín, secretario de Seguridad Interior que depende del ministro Gustavo Béliz.
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El funcionario logró sembrar el desconcierto entre los más de 100 empresarios que lo escuchaban cuando dijo que era «el sector privado» el que debía hacerse responsable de la pelea contra los puestos callejeros. Quantín enumeró lo que para él son «los tres principios básicos» para combatir el comercio ilegal: «Utilizar todo el poder del Estado, coordinando la legislación, el accionar de diversas áreas y organismos, a fin de combatir la cabeza de la delincuencia; formar un sólido equipo de trabajo; contar con la colaboración de la actividad privada». No explicó a qué se refería cuando habló de «formar un sólido equipo de trabajo» ni qué esperaba para «utilizar todo el poder del Estado», dos cuestiones que no parecen estar en marcha en su área de incumbencia. Pero sí estuvo más claro cuando sostuvo que «corresponde al sector privado colaborar con iniciativas como las encaradas por la Cámara Argentina de Comercio», dejando toda esperanza de resolución del flagelo en manos de los empresarios.
Su exposición contrastó con la del titular de la CAC, Carlos de la Vega, quien reiteró como tantas otras veces que «la venta ilegal constituye un fenómeno único cuyos componentes, tales como el contrabando, la subfacturación de importaciones, la venta de mercadería robada y la falsificación deben combatirse conjuntamente».
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