Para cerrar el déficit, las provincias deberían realizar un recorte por $ 2.800 millones. Pero queda claro que en un contexto donde la economía se contraerá 12%, con un desempleo de 24% e inflación en torno a 80% mensual, pensar en un ajuste de esa magnitud es inviable en términos sociales y políticos. Así señala Fundación Capital en su informe económico financiero semanal, donde destaca que el ajuste de $ 2.800 millones es el doble de la reducción de gasto primario realizado por las provincias en los dos últimos años.
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«De ese modo parece improbable la generación de confianza a partir de una regla que luce incumplible desde el vamos», dice la entidad que dirige Carlos Pérez y que, en cambio, propone que «el desafío en lo inmediato, sin credibilidad, debería pasar por una regla clara y simple que es el congelamiento del gasto primario nominal hasta tanto se alcance el equilibrio de las cuentas provinciales, contemplando para ello el pago de los intereses una vez que se haya normalizado su relación con los acreedores».
Para Fundación Capital, una vez alcanzado el equilibrio se podría plantear una regla de evolución del gasto acorde con el crecimiento de la población y a la evolución del salario real que sea compatible con el crecimiento de la economía en el largo plazo.
«En ese sentido, la implementación de una nueva ley de responsabilidad fiscal (que tenga como variable objetivo el gasto público en lugar del resultado fiscal) extensiva a los tres niveles de gobierno, tal como figura en el punto 7 del acuerdo con los gobernadores, constituye una oportunidad», explica el informe.
Por último, la entidad recuerda que el desequilibrio del sector público provincial del año pasado fue el más alto de los últimos diez años, tanto en términos nominales (con un rojo de $ 5.800 millones) como en relación al producto (déficit de 2,2% del PBI).
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