Diputados aprueba hoy superpoderes

Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, escucha ayer explicaciones de Carlos Snopek, encargado de Presupuesto y Hacienda, durante el comienzo del largo debate por el Presupuesto nacional 2005.

La Cámara de Diputados se disponía a votar anoche en general el proyecto de Presupuesto 2005 y se programaba continuar hoy al mediodía con la discusión en particular. El justicialismo tenía asegurado el número para sancionar el Presupuesto y las únicas dudas giraban en torno a los votos necesarios para aprobar el artículo 11 -que consagra superpoderes al gobierno para ejecutar y modificar íntegramente las partidas-.

Unos 15 diputados del PJ ya habían ratificado su negativa a otorgar facultades especiales al gobierno junto con el radicalismo y el resto de la oposición. Pero la conducción de la bancada creía ayer que tenía asegurados casi 120 votos, con ayuda de los diputados « transversales».

En realidad, en el debate en general los superpoderes fueron el centro de la escena. La bancada del justicialismo debió asegurarse la presencia de todos sus diputados para enfrentar a la oposición. Además, hubo otras críticas, como la ratificación del Decreto 214 de pesificación -que se pide este año nuevamente después de haber sido rechazado tres veces por el Congreso- y, sobre todo, la distribución de fondos para obras públicas.

• Gastos

Pero no peligraba la aprobación del Presupuesto (que contempla una pauta de gastos de $ 77.000 millones, incremento del PBI de 4%, superávit de 3,9% e inflación de entre 7% y 10%), sino que existían dudas por el resultado de artículos conflictivos.

El debate comenzó con el discurso del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista jujeño Carlos Snopek: «En esta transición debemos mantener la delegación de facultades legislativas para el jefe de Gabinete», se defendió por haber respetado a rajatabla todos los pedidos del gobierno mientras el PJ se debate entre disidencias.

El rechazo del radicalismo arrancó con Miguel Angel Giubergia: «Si en 2002 y 2003 se votó el Presupuesto respetando la ley de Administración Financiera, hoy no podemos aceptar que se otorguen estas facultades que ponen en grave riesgo la calidad institucional de la Argentina».

Alberto Natale, del Interbloque Federal, consideró que el Presupuesto «es una autorización para recaudar todo lo que se pueda y gastar todo lo que alcance. Con los superpoderes, el jefe de Gabinete puede hacer de goma el Presupuesto», graficó claramente.

• Dibujo

Claudio Lozano ya se había sumado al rechazo desde la presentación del proyecto y ayer lo ratificó: «Es un verdadero dibujo, las proyecciones no se condicen con la realidad y tienen inconsistencias profundas. Es un verdadero mamarracho».

El arista Adrián Pérez comparó el proyecto con los votados durante el gobierno de Carlos Menem: «Expresa la matriz heredada de la década de los '90. La delegación de facultades hace que este presupuesto sea una expresión de deseo», atacó.

El proyecto contempla recursos por $ 82.105 millones y en la distribución se disponen $ 44.939 millones para gasto social, $ 10.052 millones para servicios de la deuda y $ 2.255 millones de pesos para universidades nacionales.

Sin duda, el punto más complicado es la delegación de facultades a la Jefatura de Gabinete. Es un artículo clave que el gobierno necesita para completar el esquema de manejo de fondos que consagra en este proyecto y que es similar al que utilizó durante 2004: sobreestimar gastos y subestimar recursos para luego, en la ejecución real, contar con fondos extra de libre disponibilidad. Para realizar esto hace falta que el gobierno esté autorizado -artículo 11- para ejecutar gasto de capital como gasto corriente y llevar a cabo todos los ajustes que permitan incorporar los fondos extra. Es decir, modificar todo el Presupuesto.

De hecho, casi todos los sectores de la administración pública y organismos que visitaron a los diputados tuvieron una queja en común: los fondos asignados en las partidas alcanzan sólo hasta fin de octubre de 2005. Desde ese momento harán falta los superpoderes para reasignar fondos, siempre a través de un decreto presidencial o resolución del jefe de Gabinete, sin respetar los límites de la Ley de Administración Financiera del Estado ni la de Responsabilidad Fiscal.