Eduardo Duhalde no tendrá un fin de año tranquilo en el Congreso. Los diputados de todas las bancadas ya le hicieron saber al gobierno que no ratificarán por ley el decreto que dispuso un aumento de tarifas en gas y electricidad. Además, el gobierno deberá conseguir la aprobación del proyecto que elimina los planes de competitividad -la iniciativa no ingresó todavía al Congreso-y la votación de, al menos, cuatro modificaciones impositivas, y todo eso previo a la sanción del presupuesto nacional 2003 ya que muchos de esos cambios están contabilizados en la proyección de recursos disponibles para el año próximo. Por si faltara algún escollo, bajó el ímpetu que existe para la aprobación del presupuesto, ya que no hay convencimiento en que el cálculo de gastos y recursos sirva para algo si antes no se define el acuerdo con el FMI. Esta visión fue reforzada en varias ocasiones por el propio Roberto Lavagna, lo hizo nuevamente la semana pasada, ante legisladores que sostienen la inutilidad de este presupuesto sin contar con un acuerdo con el organismo. Los radicales argumentan, no sin razón, que la inexistencia de un acuerdo con el FMI modificaría totalmente la Fuente 22, es decir el financiamiento externo. En el proyecto de presupuesto existen $ 14.000 millones destinados a cancelación de deuda, lo que a un tipo de cambio de $ 3,65 por dólar, como el tomado en el cálculo presupuestario, implican unos u$s 3.800 millones. Si el gobierno no firma con el Fondo debería cancelar la utilización de esos fondos para pagos de deuda y, por ejemplo, redistribuirlo para financiar todos los planes que hoy cuentan con financiamiento externo y que se terminaría ante un default total del país. El problema es que, aunque apelando a esa medida extrema, los fondos no alcanzarían para cubrir desde planes sociales hasta obras de todo en el interior del país que hoy reciben fondos del Banco Mundial o el BID. Por lo tanto el proyectado del presupuesto quedaría sólo como un papel sin utilidad.
• Dolor de cabeza
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El menemismo ya se ha transformado en el mayor dolor de cabeza de Duhalde en Diputados para conseguir que el Congreso ratifique el decreto de suba de tarifas. No existe todavía un pedido concreto del gobierno para que se vote esa ratificación, pero los legisladores ya han recibido la notificación de la firma de ese decreto de necesidad y urgencia, como cualquier otra disposición presidencial y, por lo tanto, la oposición comenzó. El peronista Jorge Bucco, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor es quien hoy lleva adelante la embestida contra el aumento de tarifas. Arrastra con él a todo el bloque menemista Azul y Blanco y tiene, además, un marco de consenso contra el decreto que incluye a los radicales y el ARI. Con ese nivel de consenso es hoy imposible para el gobierno ratificar el decreto tarifario por lo que un fallo adverso de la Justicia no podría revertirse con una intervención del Congreso.
El nivel de conflictividad se mantiene con otro de los temas exigidos por el FMI para seguir adelante con las negociaciones: la modificación a la Ley de Entidades Financieras. No existe ningún diputado en cualquiera de las bancadas que esté hoy dispuesto a sancionar el proyecto enviado por el gobierno. Le adjudican tener como intención principal consagrar inmunidad judicial para los integrantes del directorio del Central. Mucho menos conflictiva será la eliminación de los planes de competitividad, otro de los temas prometidos al Fondo, aunque para saber el futuro de ese proyecto el gobierno primero debe enviarlo al Congreso.
• Presupuesto
Los diputados peronistas van a intentar destrabar esta semana el proyecto de presupuesto nacional 2003. Eduardo Camaño y Carlos Snopek, presidente de Presupuesto y Hacienda, negociarán hasta el jueves para destrabar el dictamen. Si se respeta el cronograma acordado con el gobierno ese dictamen deberá aprobarse el próximo jueves y la sanción en el recinto de sesiones el 17 o 18 de diciembre.
Pero todavía quedan problemas por resolver, aunque el radical Horacio Pernasetti confiesa que la oposición firmará el dictamen del presupuesto pero en disidencia parcial. Esto será así no solo por los problemas que resta resolver como fondos coparticipables a provincias, devolución del recorte de 13% y fondo de incentivo docente sino porque alegan que en estas condiciones la aprobación servirá de poco. «No están resueltas todas las variables --dijo ayer Pernasetti-, de los $ 3.500 millones que se habían puesto para reasignar todavía no hay respuesta. Esos fondos o están asignados en el proyecto o el congreso tiene que darle asignación.