Disputa entre el gobierno y concesionarios por peajes

A cinco días de la apertura de las ofertas económicas para adjudicar nuevamente las rutas nacionales concesionados por el sistema de peaje, el gobierno parece envuelto en un debate interno sobre si dejará participar o no a las actuales empresas concesionarias.

Durante el fin de semana, se informó que el presidente Néstor Kirchner, habría instruido a la Procuración del Tesoro o que ampliaría las facultades de la Oficina Anticorrupción, para reclamar a las concesionarias una presunta deuda por 420 millones de dólares, originada en las «compensaciones» o subsidios que recibieron desde 1991.

Esa suma se debió a la renegociación de los contratos que hizo Domingo Cavallo, cuando se advirtió que el precio fijado para los peajes y su indexación semestral, era socialmente inaceptable y además vulneraba la ley de convertibilidad.

Cavallo ideó la fórmula de ajustar la compensación según la tasa Libor, lo que también era contrario a la ley de convertibilidad. Pero lo mismo ocurrió con los ajustes por precios de EE.UU. que tuvieron todos los demás contratos de concesión.

La denuncia por el pago de 420 millones de dólares a las empresas de peaje fue hecha por la Oficina Anticorrupción en abril de 2000, y nunca avanzó demasiado en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

Posteriormente, se volvió a mover en los medios en el momento de la campaña electoral en la Capital federal, porque uno de los principales beneficiados con las compensaciones fue Servicios Viales, perteneciente al grupo Macri. Ahora se dice que Kirchner la activaría recién ahora porque no quería que se lo viera vinculado a las elecciones. Pero también podía especularse que el tema se renueva cuando la Justicia en segunda instancia, frenó el plan del gobierno de hacerse cargo del Correo Argentino, luego de que la Justicia declarara la quiebra de la concesionaria, también liderada por Sideco de Macri.

Hasta que apareció la noticia este fin de semana, el Ministerio de Planificación a cuyo cargo está la relicitación de las rutas, no había mencionado esa deuda como condición para presentar la oferta económica el próximo viernes. De hecho, de los 23 consorcios que están precalificados, 10 están conformados por accionistas de los actuales concesionarios, o son directamente los mismos consorcios.

Según dijo a este diario una alta fuente del Ministerio de Planificación la semana pasada, la única condición para que los actuales concesionarios puedan presentar la oferta económica es el «cierre del contrato» con la unidad renegociadora que lideran los ministros Julio De Vido y Roberto Lavagna. Ese cierre implica una negociación por obras que debieron efectuarse según los contratos originales y no se hicieron.

• Denuncia

Aunque la fuente omitió dar cifras apelando a que se está en período de negociación, la suma reclamada por el Estado rondaría los 200 millones de pesos. Las concesionarias pueden optar, según ese vocero calificado, por comprometerse a efectuar la obra o bien utilizar las garantías que el Estado tiene en caución. Si no hay acuerdo entre la unidad y las compañías antes del viernes, éstas no podrían presentar la oferta económica ese día. Asimismo, las concesionarias deben resignar expresamente a todo reclamo posterior al Estado para presentar la oferta.

Según la fuente de Planificación, la denuncia de la Oficina Anticorrupción podía seguir su curso en forma paralela, pero no era en principio motivo para prohibir la presentación de la oferta. En el mismo sentido, el tema no fue mencionado por el secretario de Obras Públicas, José López, cuando se presentó la semana pasada ante un plenario de comisiones de Diputados.

Como en otros asuntos, no queda claro si realmente el Presidente decidió activar los reclamos judiciales a las concesionarias; si se trata de una presión para forzar el cierre de los contratos; o de un problema que tiene su origen en el conflicto del Correo. En apariencia, si el gobierno se decidiera por la acción judicial, tendría el problema de cuestionar actos administrativos anteriores, lo que podría ser legalmente vulnerable, a lo que se sumarían los reclamos que los concesionarios podrían hacer y no harían, si se los deja participar en la nueva licitación.