DNI: gobierno busca una salida negociada al polémico contrato

Después de casi un año y medio de negociaciones, el gobierno de Fernando de la Rúa decidió anular el contrato con la empresa Siemens, firmado durante la anterior administración, para confeccionar los DNI e informatizar los puestos fronterizos. No se trata en este caso de una privatización sino de un contrato con el Estado para proveer un servicio, por el cual la anulación se encuadraría en la Ley de Emergencia Económica, aunque recién hoy se conocerán el decreto y los fundamentos para la anulación. La compañía alemana informó que fue «notificada verbalmente de la decisión del gobierno nacional», y que no hará comentarios hasta conocer el decreto. Agregó que una vez en conocimiento de la norma y del análisis correspondiente, «evaluará las acciones que adoptará en salvaguarda de sus derechos e intereses».

El contrato de los DNI tuvo un trámite muy poco claro durante la gestión de Carlos Menem. Tras varias postergaciones, fue adjudicado a la empresa Siemens con la que se tardó un año en negociar el contrato definitivo, que finalmente introdujo importantes modificaciones al pliego de la licitación. El contrato entró en vigencia en octubre de 1999 sólo para residentes extranjeros que quisieran sacar el DNI, pero fue frenado por el actual gobierno apenas asumió por tratarse de una contratación y no de una privatización. El ex ministro José Luis Machinea se opuso al contrato porque implicaba un gasto para el Estado que además no había sido presupuestado para 2000 por Roque Fernández.

No obstante, ante la intervención personal del canciller alemán, en setiembre el presidente Fernando de la Rúa se comprometió a seguir adelante con la contratación, reconsiderando sus términos. La revisión fue hecha por César Martuchi, el segundo del Ministerio del Interior, durante la gestión de Federico Storani. La empresa aceptó bajar el precio del DNI de los 30 pesos iniciales a 25 pesos con envío a domicilio y a 21,50 sin él, pero logró a cambio un estiramiento del plazo del contrato y una dilatación del plan de inversiones en provincias.

Apertura

Tras ser preacordado con Storani, el contrato pasó a la SIGEN, donde su titular, Rafael Bielsa, sostuvo a mediados de febrero que en función de la Ley de Emergencia Económica, el Estado podía y debía pedir a Siemens que abriera los costos para mostrar de dónde salía el precio fijado para el DNI. El tema quedó sin definición luego de la renuncia de Storani, hasta que el actual ministro del Interior, Ramón Mestre, recomendó al Presidente al anulación del contrato, lo que mereció el cuestionamiento del ministro Domingo Cavallo.

Hay quienes dicen que Mestre no estaba dispuesto a poner la firma en un contrato «por el que podía terminar preso», y recuerdan que en la última crisis ministerial, uno de los candidatos a ocupar la cartera de Interior se negó porque, según dijo, «el ministerio ha sido vaciado y lo único que queda por resolver es el contrato con Siemens, que es un robo». Otras fuentes dentro del propio gobierno admiten, sin embargo, que hubo presiones de Estados Unidos para la rescisión del contrato con Siemens, porque las autoridades de ese país no ven con buenos ojos que una empresa alemana maneje información crítica, como los ingresos y egresos al país.

Medida

En principio, el gobierno argentino trató de darle bajo perfil al tema, aunque dejó trascender que la medida fue tomada en beneficio de los usuarios, y que ya se están haciendo pruebas de documentos que garanticen seguridad, los que podrían ofrecerse al precio actual de 15 pesos. No obstante, se presume que el Estado podría tener un costo alto por la rescisión del contrato. Siemens afirma haber invertido ya en el proyecto unos 150 millones de pesos, para instalar la planta y el equipamiento ubicado en Parque Patricios, incluyendo el sistema informático para la toma de huellas y la puesta a disposición del mismo de las autoridades de frontera y de la Policía. Incluye además los vínculos telefónicos encriptados que instalaron para trasmitir la información desde y hacia el Registro Nacional de las Personas, alquileres y salarios pagados desde octubre de 1998, además de que, se presume, accionará por lucro cesante.

No obstante, el gobierno podría negociar una salida no judicial con Siemens, empezando por comprarle el equipamiento, y la indemnización a reclamar podría no ser tan significativa como se está manejando -unos 300 millones de dólares si el Estado apela a los mecanismos previstos en la Ley de Emergencia Económica, y verifica las inversiones y gastos realmente realizados por Siemens en este período. El conflicto recién empieza y habrá que ver si el gobierno pone la misma fuerza en poner en su justo término los reclamos de la empresa alemana, como lo hizo ahora para anular el contrato.

Según lo que se venía estimado, Siemens percibiría ingresos durante el período de 12 años de la contratación por unos 900 millones de dólares como mínimo. Pero si éste hubiera sido el verdadero motivo de la rescisión, el contrato se habría anulado hace un año, cuando lo recomendó Machinea.