En el marco de la presentación del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno busca facilitar el uso de los dólares del colchón, las dudas estaban entre los contadores que fueron a ver ministro de Economía, Luis Caputo, al quinto piso del Palacio de Hacienda. Uno de los principales interrogantes era qué ocurrirá si un contribuyente opta por adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, paga en el vencimiento del 27 de julio y, al presentar la declaración jurada el 27 de agosto, surgen diferencias. En ese escenario, la pregunta era si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría iniciar una inspección e impedir el efecto liberatorio de los impuestos correspondientes a períodos anteriores.
Caputo les anticipó a los contadores que, una vez que el Congreso apruebe la reforma de Inocencia Fiscal II, esas faltas de precisión se resolverán mediante el decreto reglamentario y las resoluciones específicas de ARCA. Si un contribuyente paga de menos ahora, luego podrá cancelar el diferencial sin inconvenientes. La realidad es que el Ministerio de Economía y, en todo caso, ARCA, no tienen intención de generar incertidumbre entre los contribuyentes.
Pero la realidad es que el Congreso debería darle un tratamiento ultraexprés para que todo quede aprobado dentro del plazo de un mes. En rigor, es posible, aunque para eso serán necesarios los apoyos suficientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La carrera contra el reloj y las dudas pendientes
Aunque hay contadores que están impulsando la nueva modalidad del impuesto, la realidad es que gran parte de los profesionales tributarios siguen teniendo dudas. De hecho, si el Gobierno no logra aprobar la ley en menos de un mes, es muy probable que los "dólares del colchón" recién puedan exteriorizarse en 2026. Hacerlo este año podría resultar riesgoso porque, al momento de presentar la declaración jurada, todavía seguirían vigentes las normas actuales.
Además, la Ley de Inocencia Fiscal vigente no le permite a un contribuyente que declara una determinada cantidad de dinero presentar una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia sustancial, equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado. Es decir, podría tratarse incluso de una diferencia irrelevante de $1.000. En ese caso, el contribuyente perdería el beneficio. La reforma busca permitir que el contribuyente pueda corregir esas diferencias y mantener el denominado "tapón fiscal".
La gran incógnita persiste, sobre todo porque la primera Ley de Inocencia Fiscal permitió que funcionarios, como Manuel Adorni, ingresaran al régimen, algo que algunos sectores asocian con un blanqueo de dinero, pese a que el vocero ya aclaró que no iba a declarar dólares. El oficialismo deberá conseguir el respaldo de otros bloques legislativos que, ante el antecedente del ex jefe de Gabinete, podrían mostrarse reticentes a acompañar la iniciativa.
El otro problema que sigue sin solución es el de las provincias que no adhieran al régimen. Los fiscos provinciales podrán avanzar por Ingresos Brutos sobre quienes declaren dólares. Un caso podría ser el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que estaría en condiciones de reclamar impuestos de períodos anteriores bajo la presunción de una omisión de facturación. Ese punto no tiene solución dentro del proyecto nacional y, en ARBA, no habría voluntad de hacer la "vista gorda".
Luego de la conferencia de prensa, Luis Caputo se reunió con el grupo de contadores que lo está asesorando para seguir trabajando sobre los detalles de la iniciativa. Por ahora, no se vislumbra que el Congreso pueda rechazar el proyecto, aunque otros textos impulsados por el oficialismo, como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tuvieron que postergarse porque no reunían los votos necesarios para su aprobación.
