Duhalde cuadruplicó la deuda pública argentina

El gobierno del presidente Eduardo Duhalde, cuando se retire el próximo 25 de mayo, habrá dejado un aumento de la deuda pública sin precedentes históricos. En sólo un año y medio de gestión, entre diciembre de 2001 y junio de 2003, la deuda pública nacional habrá crecido 29%, medida en unos dólares que son 3 veces más caros que entonces. Para mediados de este año, en consecuencia, el Estado deberá u$s 186.478 millones, frente a los u$s 144.279 millones que debía cuando cayó De la Rúa. Este monto equivale a casi 14 veces el gasto presupuestado para todo el año.

Sólo como referencia, vale la pena apuntar que a finales de 2001 apenas se debía poco más de 3 presupuestos anuales y que el gobierno nacional de entonces cayó por su incapacidad para corregir un desajuste que ahora parece ínfimo. Este incremento del endeudamiento, entonces, cuando es medido en los términos más relevantes, a saber, en función de la auténtica capacidad de gasto del deudor (el presupuesto del Estado nacional), significa nada menos que la cuadruplicación de la deuda en sólo un año y medio.

Dada su altísima magnitud, un incremento de la deuda semejante implica que el gobierno ha recurrido a un gasto oculto, adicional al ejecutado, equivalente a u$s 2.500 millones promedio por mes, el que no había quedado registrado hasta que las autoridades del FMI obligaron al ministro Roberto Lavagna a reconocerlo en un documento público: la decisiva carta de intención firmada hace unos días.

• Recaudación

Cuando se están batiendo récords de recaudación impositiva nominal todos los meses, vale la pena no perder de vista esta perspectiva. La recaudación de enero, que superó los $ 5.500 millones, medida en dólares, no significa más que unos u$s 1.700 millones. Frente a esos recursos, los u$s 2.500 millones mensuales por los que la actual administración habrá recurrido al endeudamiento en todos y cada uno de los 17 meses que habrá durado su gestión terminarán resultando el rubro principal y excluyente cuando haya que analizar el gasto público ejecutado en este período.

En efecto, la decisión de subsidiar a los deudores en dólares del sistema financiero, mediante la pesificación 1 a 1 de sus deudas, le terminarán costando al Estado una emisión total de bonos por u$s 16.424 millones más otros $ 12.339 millones. Como estos últimos están indexados, para junio de 2003 (cuando el gobierno actual se haya retirado) su incremento representará otros $ 8.513 millones adicionales, los que seguirán in crescendo según aumente la inflación.

• Compensaciones

Es decir, sólo para compensar a deudores privados que en el momento de la pesificación (hace exactamente un año) debían u$s 21.895 millones, el Estado asumió una deuda que hoy equivale a u$s 22.648 millones. Es decir, un monto mayor que el monto total respecto del cual se quería dar el subsidio, el que se suponía debía ser no sólo parcial, es decir por un importe menor que el adeudado, sino además de una envergadura relativamente menor (digamos, por 20%). Pero no se tomó la medida fiscal como correspondía, sino que se mezclaron todos los activos y pasivos bancarios, en el intento de pesificar toda la economía. Por ello, entre otros desatinos, el Estado se terminó subsidiando a sí mismo, al pesificarse sus propias deudas con los bancos, deudas por las cuales luego tuvo que compensar a su vez a esos mismos bancos.

Pero no termina todo allí. Para evaluar la equidad del subsidio a los deudores, debe tenerse presente que a ese importante gasto público, instrumentado mediante deuda compulsiva, hay que sumarle lo que perdieron los depositantes del sistema financiero argentino, quienes también fueron pesificados y, como si eso fuera poco, «acorralados» por más de un año.

• Pagos

Mientras que los deudores pesificados, si no hubiesen cancelado aún sus obligaciones, deberían hoy el equivalente a u$s 9.150 millones, los depositantes, para colaborar en su subsidio, ya aportaron una suma estimada en u$s 8.800 millones. Es decir, hoy por hoy ambas partes pagarían lo mismo (aunque, en rigor, los depositantes ya lo pagaron y los deudores, todavía no). Claro que a cambio de unos activos, los adquiridos por esos créditos, que quedarán sólo bajo propiedad de los últimos. Para las otras dos partes, depositantes y futuros contribuyentes, sólo se repartieron pérdidas.

En términos fiscales, el costo de este subsidio equivale a un gasto público, decidido por el gobierno de Duhalde, que (a junio de 2003) sumará $ 75.870 millones, casi el doble de lo presupuestado para todo 2003. Una conclusión que puede extraerse es que la mayor parte de las decisiones de gasto público que habrá tomado este gobierno habrá tenido la forma de un gasto que recién se reconoce, y a duras penas, cuando ya no hay forma de decidir acerca de su conveniencia.

En términos de políticas públicas, significa un grave retroceso. En síntesis, la pesificación de deudas que se instrumentó resultó una transferencia de recursos públicos sobre la cual no hubo una deliberación acorde con su magnitud y cuyos resultados fueron absolutamente injustos.

(*) Economista jefe de EXANTE