En estos días, el gobierno está presentando su plan económico a la misión que envió el FMI; pero, todavía, mucha gente se pregunta cuál es. Lo único claro fue la decisión política de salir de la convertibilidad cuando: a) más de 70% de los argentinos no quería; b) el Banco Central tenía más de 80% de aval de sus pasivos financieros respaldados con dó-lares que le hubieran permitido enfrentar cómodamente cualquier corrida cambiaria; y c) las exportaciones eran lo único que estaba creciendo en la Argentina y solamente significan 10% del total de producción de bienes y servicios del país, por lo que no se podía hablar de un problema de competitividad.
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A partir de allí, todas las medidas tendieron a paliar los desastres que, era evidente, iba a causar la devaluación. A los deudores se les pesificaron sus pasivos a $ 1 por dólar y ese subsidio lo financiaron los depositantes por la brecha entre el $ 1,40 x u$s 1 que recibieron y lo que realmente vale la divisa norte-americana. La diferencia entre dicho $ 1,40 y el peso pagado por dólar por el deudor va a ser pagada por los contribuyentes, ya que el gobierno se la compensará a los bancos con un bono. Es notable escuchar que el Dr. Duhalde se declare el «presidente de los deudores pesificados». Es como si el médico que intoxicó a su paciente con un remedio equivocado se vanaglorie de haberle curado la intoxicación. Además, sería bueno saber si es también el presidente de los ahorristas «pesificados».
También dice que es el presidente de la producción, cuando se violaron todas las instituciones, las pautas contractuales entre privados y con el sector público y los derechos de los ciudadanos y empresas. La imagen de inseguridad jurídica de la Argentina (ya de por sí deteriorada) se vio potenciada. La gente se sintió empobrecida, cuando no estafada, y tiene una gran sensación de incertidumbre sobre sus ingresos futuros. ¿Quién va a querer invertir o consumir más? El consumo y la inversión son 90% de la demanda de productos y servicios del país. ¿Para quién se va a producir?
Además, ¿quién va a volver a ahorrar en los bancos argentinos y con qué se les dará crédito a las empresas? ¿Emitiendo y gene-rando crédito interno artificial a costa de la depreciación del peso argentino? ¿No era que se iba a construir un sistema financiero al servicio de la producción?
Se supone que se va a bajar el desequilibrio fiscal. Sin embargo, si se computa en el Presupuesto el bono compensatorio que se les dará por la pesificación de deuda a los bancos y los intereses que se siguen devengando (aunque no se paguen) de los títulos públicos que no entraron en el canje, el déficit sobrepasa los u$s 11.000 millones, todo un récord, y eso suponiendo la superoptimista caída del PBI que espera el gobierno.
Además, es interesante ver cómo se suman impuestazos tras impuestazos. A los que ya están en el Presupuesto, ahora se sumarán los derechos a las exportaciones. En una palabra, genera-mos una tremenda transferencia de ingresos de los trabajadores a los exportadores y ahora les cobramos un impuesto para poder financiar más gasto público «social» (¿o político?) También, a los grandes deudores pesificados les van a sacar parte del subsidio que les dieron los ahorristas «pesificados» con un impuesto que también se destinará, digámoslo con todas las letras, a erogaciones para hacer política de beneficencia con la plata ajena. Es increíble, pero «de la nada» el gobierno ha encontrado la forma de seguir financiando el despilfarro populista (con un impuestazo que en total alcanzaría cerca de los $ 8 mil millones, según cifras oficiales).
Se presenta el nuevo acuerdo federal como un avance. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Simplemente, se volvió a determinar una nueva forma de repartirse una «torta tributaria» (igual que en la decena de pactos firmados antes) que cada vez se parece más a un «bizcocho tributario». Las provincias se comprometieron a bajar el desequilibrio fiscal, lo mismo que en todos los anteriores pactos que jamás cumplieron. La novedad es la «nacionalización» de parte de la deuda provincial, lo cual implica volver a sacarles «las papas del fuego» a algunos gobernadores despilfarradores a costa de los contribuyentes de las provincias que eligieron buenas administraciones.
Por supuesto, en economía los milagros no existen. Nada sale de la nada y alguien va a pagar toda esta «fiesta». Lo harán los contribuyentes presentes (por los aumentos de tributos) y futuros (por el aumento de la deuda), los acreedores del Estado (entre ellos los ahorristas y futuros jubilados, especial-mente los de las AFJP) por la quita que tendrá la deuda de éste, los asalariados por la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos y los desempleados, que difícilmente conseguirán trabajo en un país donde nadie querrá invertir. Sin embargo, ante el estropicio que se está realizando, nadie levanta la voz. La dirigencia política y empresaria apoya explícitamente o por omisión, aunque en privado muchos se muestren horrorizados y otros traten de sacar provecho propio. En definitiva, dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sin embargo, también pueden ser el fruto de la cobardía y de las complicidades de sus clases dirigentes.