Cámara de Diputados convirtió anoche en ley la emergencia económica, unode los proyectos más importantes que el gobierno le pidió al Congreso aprincipios de este año. Con la nueva ley Fernando de la Rúa contará conamplísimos poderes para renegociar contratos del Estado, incluso algunasprivatizaciones, llevar adelante una reestructuración profunda de lascategorías más altas de empleados públicos, suspender los juicios contra elEstado hasta que la Procuración del Tesoro presente las defensascorrespondientes y lanzar una amplia consolidación de pasivos.
El debate demoró menos de lo pensado ya que los Diputados se limitaron aaceptar algunos cambios hechos por el Senado y rechazar otros.
En ese trámite, la Alianza perdió una votación en manos del PJ, dondepara ratificar un artículo hacía falta contar con los dos tercios de losmiembros presentes. Incluso la votación estuvo a punto de naufragar cuandoperonistas y aliancistas se trabaron en una discusión, alimentada por elfrepasista Juan Pablo Cafiero sobre un pedido de licencia para laperonista Norma Godoy, investigada por un episodio de robo de bebés enMar del Plata.
El proyecto aprobado ayer le dará un amplio poder al Presidente para:
Declarar la emergencia económica financiera del Estado por el término deun año, con la posibilidad de ampliarla a dos. Esta declaración, mas allá delnombre, le servirá a De la Rúa para tomar medidas de excepción y como basamentolegal de decretos de necesidad y urgencia que dicte el Presidente y luego debanser ratificados por la Corte Suprema.
También tendrá facultades para disponer la rescisión de los contratos,sean de obra, de servicios, de suministros o consultaría celebrados por elEstado antes del 10 de diciembre.
Estos contratos proseguirán cuando sea posible la continuación de laobra y el acuerdo de su continuidad debe estar celebrado en un plazo de 180desde la sanción de la ley.
Un punto polémico de esta facultad es que se dispone que el gobierno nopodrá renegociar los contratos de concesión de empresas de servicios privatizadas,siempre que tengan marco regulatorio de la actividad sancionado por ley. Fuerade esa categoría quedan el Correo, los aeropuertos y hasta las empresastelefónicas, como ayer dejó en claro en el recinto el demócrata santafesinoAlberto Natale. De todas formas esta última cuestión se vuelve abstractafrente a la desregulación de los servicios telefónicos que entra en vigencia elpróximo 8 de noviembre.
Seguramente producirá mucho ruido en la administración pública lafacultad que le dio el Congreso a De la Rúa para llevar adelante unaracionalización de los empleados de categoría mas altas del Sector público
Pero podrán dejar sin efecto por razones de servicio la asignación defunciones ejecutivas, gerenciales o equivalentes, cuyos titulares gozarán deestabilidad correspondiente a los tres niveles superiores. El personalalcanzado tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a un mes delsuplemento que perciba por el ejercicio de esa función. Este punto estádestinado a modificar la estructura laboral en el Estado y modificar cargos defuncionarios que se mantienen desde la administración de Carlos Menem.
Además, se suspenderán los plazos procesales de los juicios contra elEstado hasta que el tribunal de oficio o el letrado comuniquen a la Procuracióndel Tesoro Nacional su existencia, carátula, radicación, estado procesal ymonto pretendido.
A partir de allí la Procuración del Tesoro de la Nación tendrá 20 díashábiles para tomar intervención en las causas y presentar las defensas. Vencidoeste plazo se reanudarán los términos procesales.
Se lanza una consolidación de pasivos del Estado para las deudasposteriores a 31 de marzo hasta el 1 de enero del 2000. Se cancelarán con unbono a 16 años para las deudas con proveedores y de 10 años para lasobligaciones previsionales. El monto total de las emisiones será superior a $4.500 millones.
También se faculta al Ejecutivo a proponer el saneamiento de lasituación econó-mica verificada entre la Nación y cada una de las provincias, conun bono de consolidación de deudas. Esto es lo que se conoce como compensaciónde deudas provinciales.
Pero no habrá un canje de las deudas provinciales por bonos emitidos porla Nación, tal como pretendían los senadores peronistas.
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