El presidente del Correo Argentino, Raúl Casa, dijo ayer que «el contrato de concesión no está incumplido por la empresa, sino por el Estado», y aunque afirmó que la sociedad concesionaria «está dispuesta a negociar» con el gobierno «una salida no traumática», también indicó que reclamará «una compensación que supera los mil millones de pesos».
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Estas declaraciones tensaron aun más la relación entre el gobierno y el Correo Argentino, concesión a cargo de un consorcio que lidera el grupo Macri y también integra el Banco de Galicia. Por otra parte, la compañía realizó un pago de 26 millones de pesos esta semana, pero, según aclaró Casa, no se trata de un pago a cuenta del canon que venció el miércoles de la semana pasada (36 millones). En la óptica del Correo, según Casa, el pago de 26 millones cancela todos los cánones posteriores a que la empresa entrara en concurso y que totalizan unos 200 millones de pesos. Según Casa, el monto pagado corresponde al canon ofrecido el año pasado a la comisión renegociadora de contratos (y no aceptado) que equivale a un porcentaje de 1% a 3% de la facturación.
Hasta anoche, el gobierno no respondió a este planteo, pero se espera que en las próximas horas, como mínimo, la Comisión Nacional de Comunicaciones renovará la intimación. En los ministerios de Economía y Planificación se estudia una salida a la situación ya que resultaría imposible rescindir el contrato, en tanto la empresa está en concurso y hay un juez interviniente que no permitirá que se modifique la situación contractual, porque se afectaría a los acreedores.
En varias declaraciones a programas radiales, Casa sostuvo que la empresa está dispuesta a negociar «una salida no traumática» al conflicto con el gobierno. «Nosotros queremos ponernos de acuerdo en el cumplimiento de este contrato o que hagamos otro contrato», agregó.
También dijo que «si no hay un acuerdo, nosotros deberemos buscar un camino de salida que no sea traumático, porque la preocupación más importante que tenemos es la de mantener la fuente de trabajo que el Correo representa para más de 12.000 empleados en todo el país».
•Daño económico
Añadió que «desde nuestro punto de vista los incumplimientos al contrato no son responsabilidad nuestra sino que han sido del Estado». Remarcó: «Estamos dispuestos a negociar, pero considerando todo lo que ha representado como un daño económico los incumplimientos del Estado».
Insistió en que la concesionaria «está dispuesta a negociar» con el gobierno el «desapoderamiento» del Correo, pero a través de un acuerdo que le reconozca al concesionario una «compensación» por el «contrato incumplido por el Estado». Aclaró que «cuando uno negocia, está dispuesto a negociar todo, también las cifras a las que creemos tener derecho» para llegar a «un punto en el que las partes estén igualmente satisfechas o igualmente insatisfechas».
Consultado sobre si la empresa está decidida a entablar una demanda judicial con pedido de resarcimiento, Casa explicó: «Vamos a hacer exactamente lo mismo que haría usted si alguien le rompe un contrato sin causa justificada».
Añadió: «No exigimos nada, no tenemos por hábito exigir. Planteamos negociar los términos de la rescisión. Cuando uno invierte para 30 años y termina devolviendo esto 25 años antes, hay que razonar los términos de compensación».
