El déficit en provincias amenaza como en 2001
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Jorge
Telerman, Felipe
Solá, Luis Beder
Herrera, Miguel Angel
Saiz, Hugo
Cóccaro y Arturo
Colombi.
Este deterioro fiscal estaría determinado por el mayor crecimiento interanual del gasto (25,7%) frente a los recursos esperados (22,4%).
Las mayores erogaciones estarían explicadas por el aumento del gasto en personal (totalizarán $ 51.800 millones, 30% más que en 2006), a partir del impacto fiscal pleno que representa el aumento de 24% a los docentes y los aumentos esperados, en promedio de 20%, al resto de los empleados públicos provinciales.
Asimismo, la brecha entre el crecimiento de los recursos y los gastos se mantendría en los niveles observados al cierre del año pasado (3,5%).
Los recursos totales se ubicarían en torno a los $ 106.600 millones (+22,4%), lo que representaría un ingreso adicional de $ 19.500 millones en relación con el ejercicio 2006. Cabe señalar que las provincias recibirían unos $ 62.500 millones de parte de la Nación, que representan 60% del total de ingresos.
En tanto, los gastos del consolidado provincial ascenderían a $ 109.600 millones (+25,7%), lo que representa 14% del PBI y unos $ 22.400 millones adicionales a lo erogado en 2006. El gasto primario registraría un crecimiento de 26,3%, ascendiendo a $ 106.800 millones.
Tratándose de un año electoral, además de los aumentos salariales, la obra pública también sobresale como fuente de gasto, representando la partida con mayor aumento en términos porcentuales (+37,5%), sumando a $ 14.700 millones.
Se advierte así que cerca de 80% de los gastos ejecutados a nivel consolidado es de carácter inflexible a la baja, en los cuales se incluyen los gastos de personal (47%), bienes y servicios (11%), transferencias a municipios (11%), transferencias corrientes al sector privado (9%) e intereses de la deuda (3%).
Este elevado grado de inflexibilidad en las erogaciones reduce la capacidad de maniobra de las administraciones provinciales, no sólo a la hora de realizar ajustes ante situaciones desfavorables, sino también para de elaborar políticas públicas orientadas al desarrollo social y económico.
En lo que respecta al stock de deuda pública provincial, éste ascenderá a fines de 2007 a $ 87.000 millones y representaría cerca de 90% de la totalidad de recursos corrientes percibidos por las provincias este año. A su vez, en los próximos años, aumentan las amortizaciones, agravando la situación fiscal de los tesoros provinciales.
Este año, dado que el déficit financiero se elevaría a $ 3.000 millones, las necesidades de financiamiento ascienden a $ 12.650 millones, casi 28% superior a lo registrado un año atrás.
Las jurisdicciones más complicadas ya cuentan con la asistencia financiera del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que administra la Nación a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF). El monto destinado a este efecto en 2007 asciende a $ 5.000 millones (sobre un total presupuestado de $ 6.040 millones), lo cual representa 40% de las necesidades de financiamiento del consolidado provincial. Más de la mitad de este fondo ($ 2.740 millones) será destinada exclusivamente a asistir a Buenos Aires, financiando 96% de sus amortizaciones.




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