El gobierno español aprobó este viernes una reforma del sector bancario para sanear sus activos inmobiliarios problemáticos y una ayuda a las regiones para permitirles pagar a sus proveedores, abordando dos puntos débiles de la economía del país.
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Tanto los bancos, así como las 17 comunidades autónomas españolas, se encuentran en una situación financiera delicada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Los primeros tienen en su haber 176.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos -créditos que pueden no ser reembolsados, edificios y terrenos confiscados- y las segundas, que no frenaron el gasto a tiempo con la crisis, cargan con una deuda récord.
La reforma exige a los bancos que realicen en el periodo de un año provisiones y una reserva de capital de 50.000 millones de euros para hacer frente a la posible pérdida de valor de su patrimonio inmobiliario.
"Las dudas que existían sobre la valoración de los activos inmobiliarios llevaban incertidumbres para la financiación de los bancos en los mercados mayoristas" que provocan a su vez "una contracción del crédito", explicó a la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, al término del consejo de ministros.
El objetivo es "que se generen integraciones para hacer entidades viables" y "que el saneamiento sea rápido y profundo", había afirmado el jueves, para lograr "un sector más saneado y mejor dimensionado".
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