El gobierno presiona para renegociar las tarifas de servicios

Con el canciller de España, Josep Piqué, ya en Buenos Aires, para defender la situación de las empresas de su país radicadas en la Argentina, el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá emitió ayer por la mañana dos mensajes que inquietan a las compañías privatizadas de servicios públicos, varias de las cuales son de capital español.

El secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, dijo que el gobierno quiere discutir con las empresas de servicios públicos la desindexación de las tarifas. «Discutiremos esos convenios; hay cosas que la Argentina tiene que sentarse y conversarlas», dijo el funcionario.

Frigeri criticó los contratos de los servicios públicos que se ajustan periódicamente por índices de precios de EE.UU., señalando que «parece increíble, pero acá se firmaron convenios donde actualizamos los precios por inflación de un país que no es el nuestro».

También dijo: «La Argentina lleva tres años sin crecer, y ciertos precios se podían actualizar; parece que hay cosas que no están del todo derechas». El proyecto de negociar con las empresas privatizadas la eliminación del ajuste por precios de EE.UU. fue uno de los primeros objetivos del gobierno de Fernando de la Rúa.

Pero fracasó en el intento, porque las empresas no aceptaron, tal como se prevé que harán ahora, una modificación de la ecuación económica de los contratos. La situación llegó a tal nivel de conflictividad que, en el caso de las tarifas de gas y de la telefonía fija, la cuestión está actualmente en manos de la Justicia, no descartándose que deba ser finalmente la Corte Suprema la que dicte el fallo definitivo sobre este punto.

Por eso, las palabras de Frigeri entran de alguna manera dentro del discurso esperado por las empresas, aunque cause malestar. Pero lo más preocupante ayer fue que el ministro de Trabajo, Oraldo Britos, fue mucho más allá que Frigeri y dijo que la aspiración del gobierno es que las compañías de servicios públicos acepten la tercera moneda, el argentino, 1 a 1 con el dólar para el pago de las tarifas.

Considerando que es previsible una depreciación del argentino, que sería más rápida cuanto más alta sea la emisión, lo que dijo Britos equivaldría a que las empresas renuncien a la dolarización de las tarifas. Este punto las complicaría mucho más que la eliminación del ajuste por precios de EE.UU., porque si el argentino se generaliza y se devalúa con respecto al dólar, las empresas perderían ingresos en divisas, a la vez que tendrían que afrontar, por lo menos, los créditos y la remesa de dividendos en esa moneda.

Diplomacia

Con estas polémicas declaraciones de dos funcionarios oficiales antes de su entrevista con el Presidente, Piqué pareció hacer un esfuerzo de diplomacia para plantear la posición del gobierno de José María Aznar. Dijo que las empresas españolas radicadas en la Argentina «tienen una clara vocación de permanencia», por lo cual «no hay dudas de que se quedarán en el país».

Pero Piqué también destacó que los inversionistas de su país tienen «incertidumbre» acerca de la situación política y económica del país, por lo cual reclamó al gobierno que «devuelva la confianza» a los que invirtieron.

Piqué dijo que «la inversión española lleva muchos años aquí, tiene una clara vocación de permanencia y ya ha pasado por otras situaciones clave, como el efecto tequila en 1995, y en ese momento no hubo modificaciones en la política de inversiones».

Tras el encuentro con Rodríguez Saá, Piqué fue más preciso. Dijo que la recuperación de la confianza por parte del sistema financiero internacional «requiere políticas serias, de rigor, predecibles..., que respeten las reglas de juego existentes». También dijo que encontró al Presidente «absolutamente convencido de estos principios».

Según Piqué, «la política a seguir tiene que ser una política que recupere la confianza de los organismos financieros internacionales, que permita superar algo que no debe verse como la expresión de un éxito, sino como la de un fracaso, que es la suspensión del pago de la deuda». En el mismo sentido, indicó que «la imposibilidad del pago no parece que sea una decisión que forma parte de una cuestión política, sino una imposición de la realidad».

Interlocutores

El canciller español destacó que el FMI «necesita interlocutores que hagan planteos válidos». «Eso es lo más urgente -afirmó-, y eso es lo que debe demandarle la sociedad argentina y la comunidad internacional al nuevo gobierno.»

Por otra parte, los representantes de las 14 empresas españolas más importantes que operan en el país se reunieron con Piqué para informarle de la situación argentina, antes de que se encontrara con Rodríguez Saá. El presidente de la Fundación Cámara Española de Comercio (FUCAES), José María Ranero Díaz, de Repsol-YPF, dijo que «es fundamental que la seguridad jurídica sea constante», y que, «mantener las reglas del juego, permitirá que el proceso de inversión se conserve». Ranero Díaz declinó pronunciarse sobre las nuevas medidas económicas y dijo que «habrá que esperar precisiones y cómo se desarrollan».