El gobierno quiere obligar a que empresas de energía renegocien

A penas terminado el canje de la deuda y cuando aún es comentario obligado el éxito obtenido por la estrategia oficial, el gobierno lanzó ayer un virtual ultimátum a las privatizadas de electricidad y gas, que por el momento no habían aceptado los términos planteados por la unidad de renegociación de los contratos (UNIREN). Con la firma de los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido, que presiden esa unidad, la resolución conjunta 123 convoca a audiencia pública para debatir las «posibles adecuaciones contractuales» que fueron tratadas entre la unidad de renegociación y las empresas prestadoras de los servicios.

Como la misma resolución reconoce en los considerandos, «no resultó factible llegar a un acuerdo» entre la UNIREN y las compañías, la convocatoria a audiencias públicas que se realizarán a partir del 20 de abril es una decisión unilateral del gobierno, en la que, según se presume, se debatirá la propuesta oficial, pero bajo la amenaza de rescisión del contrato. Por eso, en los considerandos de la resolución, también se indica que «el desarrollo de las audiencias servirá de insumo para la decisión que deben tomar las autoridades de la UNIREN respecto de la prosecución de los contratos puestos en consulta». La decisión oficial sorprendió a las privatizadas que tenían rumores sobre una medida de esta naturaleza, pero lo tomaban como una presión para obligarlas a aceptar los términos de renegociación del gobierno.

Una de las compañías que opinó sobre el tema y que prefiere no ser identificada, interpretó que la decisión del gobierno «es darles a las empresas el mismo trato que a los bonistas». «Nos están diciendo: 'Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, o el Estado rescinde el contrato, que es lo mismo'».

Las más sorprendidas fueron las empresas españolas, que son accionistas de privatizadas. La sensación que dejaron trascender es que el gobierno de Néstor Kircher «no sólo nos está amenazando con la rescisión si no aceptamos sus términos, sino que además rompió el acuerdo con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».

Cuando el presidente español estuvo en Buenos Aires en enero, se comprometió a gestionar con las compañías con accionistas de su país una propuesta para solucionar el tema de los contratos que permitiera a la vez suspender los juicios contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

Desde entonces, en Madrid hubo negociaciones entre el asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián, y los representantes de Endesa, Gas Natural y Telefónica. Los representantes de La Moncloa acotaron aparentemente las pretensiones de las compañías y las comprometieron a suspender las acciones en el CIADI tras la firma de un acuerdo parcial con el gobierno argentino y la renuncia a los juicios al firmarse los decretos con los acuerdos definitivos.

• Decisión

Según trascendidos confiables, la propuesta del gobierno de Zapatero salió el viernes de Madrid, pero cuando llegó a los despachos oficiales, ya se había tomado la decisión del llamado unilateral a audiencia pública.

El gobierno ya había advertido sobre una actitud de esta naturaleza a principios de enero, cuando se realizó la audiencia pública para debatir el acta de entendimiento alcanzada con la distribuidora eléctrica Edelap, controlada por la norteamericana AES. En esa ocasión, el secretario de la UNIREN, Gustavo Simeonoff, había adelantado que «para que no hubiera acusaciones por discriminación entre las tarifas eléctricas de las tres distribuidoras de jurisdicción nacional, iba a darse el mismo aumento a Edenor y a Edesur que a Edelap, pero los fondos recaudados iban a quedar en poder del Estado nacional para obras en las áreas de concesión».

Ahora no queda claro si la consecuencia de la audiencia pública será lo anticipado por Simeonoff en enero. Si eso fuera así, las distribuidoras eléctricas tendrían una suba de 23% en su remuneración, que es aproximadamente un tercio de su tarifa y los aumentos sólo se aplicarían a usuarios no residenciales. Pero las empresas podrían redoblar la apuesta y no suspender las acciones en el CIADI, con lo cual el conflicto con el gobierno se tensaría aun más.

Edenor y Edesur, las transportadoras y distribuidoras de gas y algunas transportadoras de electricidad no aceptaron firmar el acta de entendimiento. Se quejan porque se otorga un aumento parcial ahora y se plantea la renegociación definitiva del contrato para el segundo semestre del año bajo términos que las empresas creen «muy poco claros».

Esas privatizadas quisieran que la renegociación definitiva fuera ya y que se planteara un sendero seguro de recomposición de sus ingresos, que subirían más de 60% hasta 2007, con una incidencia de 20% en tarifa final promedio, incluyendo a todos los usuarios.

Quieren, además, volver a los contratos originales, en los cuales no había injerencia del Estado sobre las inversiones ni sobre el destino de los ingresos.

En lo que se refiere a los aumentos, el gobierno asegura que no puede «acumular las recomposiciones y que primero están trabajando sobre el precio del gas en boca de pozo, y en el de la energía que perciben las generadoras eléctricas». En cuanto a la intervención del Estado, esto parece formar parte de los dogmas del gobierno de Kirchner sobre los cuales no negociaría.

Lo que hasta ayer no estaba claro es qué ocurrirá con las audiencias. En el mejor de los casos -se comentaba en medios energéticos- se les da una suba parcial de tarifas para fondos fiduciarios que administrará el gobierno. En el peor, se trata de una especie de escrache frente a los consumidores (por eso la resolución afirma que en la audiencia se confrontarán en forma pública las distintas opiniones), de modo de llegar a la rescisión del contrato.

Hay motivos para creer que el gobierno usa la rescisión del contrato más como una amenaza que como una posibilidad real e inmediata en sus planes. Después de una fuerte confrontación pública, está a punto de acordar un futuro con Aguas Argentinas.

La conclusión que por ahora puede extraerse es que el gobierno decidió plantarse ante las privatizadas como ante los bonistas, que les hará una propuesta y que cree que tendrá éxito.