El nuevo código urbanístico va a generar una catarata de juicios

Armando Pepe

Por Armando Pepe*

El Gobierno de la Ciudad envió un proyecto que modifica el actual código urbanístico. Hoy el diseño de la Ciudad es el resultado de una superposición de pautas que tienen su origen en el Código de Planeamiento Urbano de 1977. Después de 40 años ese código que regula la organización del tejido edilicio y la distribución del uso del suelo cambiará y se dividirá en dos: el Código Urbanístico y el de Edificación.

Según el Subsecretario de Planeamiento del GCBA, los proyectos proponen cambios que "mejorarán la vistas de la ciudad", garantizarán la "identidad barrial" y permitirán que los vecinos tengan "plenitud de su vida" alrededor de sus viviendas. A esto se suman otros fines, como la incorporación de nuevas tecnologías y la reducción de costos de edificación.

Para lograr estos objetivos, se recurre a una serie de supuestas soluciones tales como permitir la construcción de oficinas entre las viviendas, prohibir la construcción de torres de más de 13 plantas e incentivar al sector privado a incluir terrazas verdes.

Antes de entrar en consideraciones sobre la utilidad de las medidas propuestas, es importante destacar que el modo en que el Gobierno de la Ciudad ha manejado el tema nos sorprende negativamente.

Las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano iban a ser enviadas a la Legislatura en seis meses, pero sorpresivamente el Jefe de Gobierno dio de baja el anteproyecto, y decidió firmar un decreto limitando "ipso facto" la construcción de nuevos emprendimientos, impidiendo presentar planos por 180 días.

Este decreto sorprende y preocupa en el sector, y va a generar una catarata de juicios al Estado porteño, dado que hay muchos desarrolladores que compraron terrenos con la expectativa de construir determinada cantidad de pisos, y ahora este decreto les impedirá concretar los proyectos, con el consecuente conflicto para con los inversores de los mismos.

Además, esta ingeniería urbanística encubre una contradicción. Se plantea que las diversas medidas incluidas en el paquete facilitarán el acceso a la vivienda, promoviendo el aumento de la densidad poblacional. Sin embargo, la limitación a la altura implicará una menor oferta de unidades, revalorizándolas por la mayor demanda.

Como en el caso de la Ley 5859, que modificó los aranceles que los corredores y martilleros podemos cobrar por nuestro trabajo, poniendo en peligro a más de 3000 inmobiliarias de la ciudad, el Gobierno porteño vuelve a inmiscuirse en el sector con una medida unilateral que, además, no soluciona las complicaciones que se vienen acarreando desde hace más de cuarenta años.

La relación de fuerzas en la Legislatura, en donde el oficialismo tiene mayoría, augura que tanto el código urbanístico como el de edificación serán aprobados sin dificultades, por lo que tanto los corredores inmobiliarios como los demás miembros del sector debemos estar preparados para defender nuestros derechos en un mercado que se complejizará cada vez más.

(*) Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA).