El Gobierno oficializó la designación en comisión de las autoridades que conducirán la Autoridad Nacional de la Competencia, el organismo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia en el país.
17 de noviembre 2025 - 07:45
El Poder Ejecutivo formalizó las designaciones en la Autoridad Nacional de la Competencia, órgano clave del Ministerio de Economía
Tras seis meses de proceso, el Ejecutivo confirmó a los funcionarios que ocuparán los cargos principales del organismo encargado de intervenir en fusiones, disputas corporativas y prácticas anticompetitivas.
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El decreto designa en comisión -hasta que el Senado otorgue el acuerdo definitivo- a Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Las designaciones fueron confirmadas mediante el Decreto 810/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, luego de un proceso que incluyó un concurso público y la intervención de la Oficina Anticorrupción para evaluar posibles incompatibilidades.
El objetivo del Poder Ejecutivo es poner en marcha el funcionamiento pleno de este ente descentralizado y autárquico, previsto por la Ley 27.442, destinado a prevenir y sancionar conductas anticompetitivas dentro de los mercados.
El proceso de selección, encabezado por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se realizó bajo un reglamento específico y contempló diversas etapas: análisis de antecedentes profesionales, evaluaciones técnicas, entrevistas y presentación de propuestas de gestión.
Una vez elaboradas las ternas de candidatos, la Oficina Anticorrupción revisó eventuales conflictos de intereses y emitió sus recomendaciones, que fueron consideradas antes de la decisión final.
El decreto designa en comisión -hasta que el Senado otorgue el acuerdo definitivo- a Eduardo Rodolfo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Montamat es abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesor titular de Economía y Finanzas en universidades nacionales y cuenta con una extensa trayectoria en materia de defensa de la competencia: fue jefe de abogados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, vocal entre 1999 y 2003 y luego vocal desde enero de 2024 hasta marzo de 2025, cuando asumió la presidencia del organismo.
Como vocales fueron nombrados Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore, ambos con formación de posgrado vinculada al ámbito financiero y bancario.
También se designó a Ana Julia Parente como secretaria instructora de conductas anticompetitivas y a Germán Augusto Zamorano como secretario de concentraciones económicas, áreas encargadas de impulsar las investigaciones y analizar operaciones de concentración empresarial.
La designación en comisión está prevista en el artículo 23 de la Ley 27.442, que autoriza al Poder Ejecutivo a nombrar, de manera provisoria, a los postulantes seleccionados por el jurado mientras se tramita el acuerdo senatorial.
El decreto precisa que la Autoridad Nacional de la Competencia quedará legalmente constituida con el nombramiento de su presidente, dos vocales y los secretarios instructores, quienes asumirán inmediatamente sus funciones.
Con estas designaciones, el Gobierno culmina varios meses de trabajo destinados a poner en marcha la nueva estructura y reemplazar formalmente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que hasta marzo estuvo presidida por Alexis Pirchio, quien renunció tras la reglamentación del concurso público de antecedentes y oposición.
La Autoridad Nacional de la Competencia funcionará como organismo descentralizado y autárquico, con facultades para analizar fusiones y adquisiciones, intervenir ante posibles abusos de posición dominante y promover la competencia en los mercados.
Entre los casos recientes que requirieron la intervención de las autoridades de competencia figura el pedido del Gobierno a la CNDC y al Enacom para analizar la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, anunciada en febrero. En 2024 también se había iniciado una investigación sobre presuntas conductas anticompetitivas en las empresas de medicina prepaga, acusadas de coordinar aumentos en las cuotas.
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