Por Mariana Conte Grand, economista de la Universidad del CEMA.-
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Los economistas hace ya largos años que investigamos sobre la racionalidad de la intervención del Estado en la economía. El resultado de dichas investigaciones es que la política económica debe ocuparse básicamente de 2 cuestiones: eficiencia y equidad.
Preocuparse por la eficiencia tiene que ver con actuar cuando el mercado falla en asignar los recursos. Hay acuerdo en la profesión en que esto ocurre solamente en 4 circunstancias: hay bienes públicos, existen empresas con poder monopólico, se dan externalidades o problemas de información asimétrica.
No hay dudas entonces (aún entre los economistas más liberales) que la defensa de las fronteras, la seguridad de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público, el respeto de los derechos de propiedad, el mantenimiento de la salud pública (por ejemplo ante epidemias como la gripe A), son bienes públicos que el estado debe garantizar. En cuanto a la regulación de los monopolios, existe también acuerdo en que hay básicamente dos instrumentos que debe manejar el gobierno: la política de defensa de la competencia y de regulación de los servicios públicos. Esto implica tratar de que los mercados sean lo más competitivos posible. Externalidades es una palabra más difícil y de la jerga de la profesión. Se refiere a circunstancias en las que la acción de algún agente económico (empresa o individuo) daña o beneficia a otro sin mediar una compensación o pago por ese hecho. Hay "externalidades" negativas (como la contaminación) y positivas (como la educación básica). Por ello es que todos los países tienen política ambiental y política educativa en sus agendas. Finalmente, la información asimétrica (cuando los compradores tienen más información que los vendedores o viceversa) puede ser un problema porque el que tiene la información tiene incentivos a abusar del que no la tiene. Esto justifica que se reglamente el mercado de seguros, que haya regulación bancaria, que existan leyes de defensa del consumidor, etc.
A su vez, aunque estén dadas todas las condiciones para la eficiencia, el estado debe preocuparse por la equidad ya que los mercados (aún los competitivos) pueden asignar la riqueza de una manera inaceptablemente desigual. La acción del gobierno debe siempre apuntar a proteger a los individuos de dichas circunstancias. Por eso es que los estados tienen políticas de asignaciones familiares, seguros de desempleo, y otros programas sociales.
Sin embargo, también es reconocido ampliamente por la ciencia económica que no necesariamente la intervención del estado beneficia a la sociedad. Las fallas del gobierno suelen ser tan comunes como las fallas del mercado. Para muestra de ello basta ver ejemplos concretos recientes: accidentes ferroviarios por infraestructura deficiente o falta de control del personal que la opera, problemas en la sostenibilidad de las políticas de tarifas de los servicios públicos, llamadas al 911 no respondidas que ocasionaron muertes en Mendoza, un submarino que irrumpió en una regata de jóvenes que se corría en Mar del Plata causando riesgos innecesarios, etc. Lo importante es que, por un lado, los funcionarios tengan claro las circunstancias en que se justifica algún tipo de política para que concentren todos los esfuerzos allí y no distorsionen mercados que funcionan bien. Luego, aunque parezca obvio, deben tener en mente los instrumentos de regulación de que disponen para cada una de los desafíos que enfrentan. Pero, por sobre todo, cuando gestionan sus respectivas dependencias, deben pensar bien si sus acciones van realmente a mejorar el bienestar de la sociedad.
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