El Senado rechazó ayer por cuarta vez convertir en ley la modificación a la tasa sobre el gasoil destinada a financiar subsidios al transporte que distribuye la secretaría controlada por Ricardo Jaime, el funcionario sospechado por el caso Southern Winds. El Congreso se niega, realmente, a dar más fondos a un funcionario cuestionado que el gobierno sigue sosteniendo en su cargo. Mucho menos, a colaborar con las cajas de Hugo Moyano, el principal beneficiado con el nuevo impuesto, y a continuar convalidando la política oficial de subsidios para avanzar sobre empresas privadas.
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Pero en el fondo existe otra realidad. Desde que estalló el escándalo de Southern Winds y las valijas con cocaína a España, los senadores de todos los partidos se niegan a votar un incremento como éste a las cajas que maneja Jaime. No aceptan que se incremente la posibilidad de subsidiar hasta que no se aclare exactamente la relación que existió entre el Estado y SW. De paso, frenan la posibilidad de que Moyano se haga de un refuerzo a sus ya abultadas cajas gremiales.
Fue una manera elegante de aceptar, por cuarta vez, la propuesta hecha por el propio peronismo de posponer el tratamiento del proyecto para la semana próxima.
Miguel Angel Pichetto fue el encargado de convalidar a demora justificándola en la necesidad de más tiempo «para conversarlo y tener más precisión sobre un tema tan importante».
El proyecto es rechazado por el radicalismo bajo el argumento de que su aprobación disparará un aumento inmediato del precio final del gasoil, aun cuando el justicialismo ofreció incorporar un artículo para que el Ejecutivo adopte medidas tendientes a evitarlo.
Sin embargo, como se dijo, no sólo los radicales se oponen: los pampeanos Rubén Marín y Silvia Gallego, el santafesino Carlos Reutemann y la titular de la Comisión de Agricultura, Elva Paz, tampoco están de acuerdo.
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