Embargo de soja: anticipan pérdidas por u$s 280 millones

Los embargos de soja en Europa, a pedido de Monsanto, pueden generar una pérdida de u$s 280 millones anuales a la Argentina. La falta de un acuerdo por el pago de patentes de semillas en el país, que genera las demandas de esa empresa, logra en definitiva un fuerte recorte en el precio que reciben los productores por la soja. Las demoras de los cargamentos de soja y subproductos con el fin de tomar muestras que permitan demostrar la existencia del gen RR en la oleaginosa y, en consecuencia, cobrar la regalía por dichos embarques, generan pérdidas también a los importadores de granos argentinos. Son los operadores de los principales países compradores los que comienzan a tomar recaudos ante probables bloqueos de las cargas. Esto se traduce en menor pago a los exportadores desde la Argentina y se traslada en menor precio al productor. «Esta situación genera un riesgo comercial que estamos enfrentando desde la producción. Las medidas tomadas por Monsanto generan incertidumbre a los importadores. Ante la falta de certeza de que su mercadería pueda ser interdictada o que la Justicia pueda fallar a favor de la empresa, los compradores comienzan a descontar ese riesgo jurídico. Si Monsanto gana del juicio se le deberán pagar u$s 18,75», explicaba ayer el economista Ernesto Ambrosetti, titular del Departamento de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina. Ambrosetti está terminando un estudio sobre el impacto real que el freno en los embarques provoca sobre el precio que recibe el productor. Y anticipa que, según los cálculos realizados, llegaría a u$s 7 por tonelada, según los valores actuales de la soja. Esto generaría una pérdida de la producción de $ 280 millones, de acuerdo con una cosecha prevista en 40 millones de toneladas. «Esta situación se termina reflejando en el mercado local», advierte el especialista y agrega que «también se corre el riesgo de perder al cliente». Un operador del mercado de granos indicaba que la soja argentina se ubica hoy en valores FOB con entrega en abril u$s 15 más barata que la soja brasileña. «Sin embargo esa aparente competitividad significa un riesgo consecuencia de los embargos. Muchos importadores prefieren comprar la oleaginosa desde Brasil y no correr el riesgo de que se demore la entrega del producto. Esta situación ya nos perjudicó en varios negocios. Se opera menos soja porque se compra menos en el país.» En coincidencia, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina ( CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazaron ayer «la actitud agresiva de la empresa Monsanto hacia todos los participantes del complejo sojero argentino en su disputa por el tema de regalías». Según Alberto Rodríguez, director ejecutivo de CIARACEC «el gobierno encaró presentaciones judiciales en Europa (lo hizo Miguel Campos en Holanda) por el freno en los embarques pero debe entender que una cosa son los tiempos judiciales y otra los tiempos del comercio. Se llegó a un problema al que no le vemos solución o, al menos, no está en nuestras manos». • Objetivo Monsanto, en tanto, continuará realizando acciones legales en la Unión Europea sobre los embarques de soja y harina de soja argentinos. El objetivo que persigue la empresa es cobrar, aun a largo plazo, la regalía por la venta de soja transgénica que contenga el gen RR. Pero los resultados pueden lograrse en un año y medio. «Igualmente seguiremos buscando una alternativa de acuerdo con el sector. Pero todas las intenciones han fracasado», reconocían desde la empresa. En efecto, las entidades de productores-agricultores no lograron ponerse de acuerdo en los últimos dos años. En tanto, las cámaras que reúnen a los semilleros -ASA y ARPOV- se mostraron enojadas con productores y con el gobierno que, según su versión, descartan cualquier tipo de arreglo: «Durante los últimos dos años la industria semillera ha trabajado intensamente en la búsqueda de una solución consensuada a esta situación, encontrándose con la indiferencia y las contradicciones de las entidades de la producción y la inacción del sector público».

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