24 de enero 2006 - 00:00

Empresa líder no subirá si no le aumentan costos

El gobierno sumó ayer a la estadounidense Procter & Gamble (P&G) al listado de empresas que se avinieron a congelar por un año algunos de sus productos. P&G es una de las dos principales firmas de artículos de limpieza del hogar e higiene personal, un rubro que en lo cronológico siguió al alimentario en la preocupación oficial por la suba de precios.

El acuerdo fue suscripto ayer en el despacho de Néstor Kirchner por el Presidente y el director financiero de Procter, el colombiano Raúl Lamus Mendoza. Del encuentro participaron también la ministra de Economía, Felisa Miceli; el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson; y su par de Coordinación Técnica, Lisandro Salas.

La empresa se comprometió a mantener inalterados hasta fin de año los valores de nueve categorías de productos, en 31 marcas y presentaciones diferentes. Entre ellos se cuentan limpiadores, detergentes, desodorantes, champús, máquinas de afeitar descartables y cepillos y pastas dentales. Igual que todos los demás convenios concretados hasta ahora por el gobierno con empresas productoras de bienes de consumo masivo, el de P&G será revisable cada dos meses, a pesar de lo cual no quedó establecida fecha para una hipotética, futura reunión de revisión.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Lamus Mendoza reveló: «De una lista de 10 que nos ofreció el Ministerio llegamos a poder ofrecer alrededor de 30 productos por un período de un año». El ejecutivo se manifestó esperanzado de que la medida «permita ayudar a reducir las expectativas de inflación». De todos modos, aclaró: «Esperamos que -para que este acuerdo sea sustentable- trabajemos con el gobierno en caso de que algún costo (como el dólar, materias primas) se desborde; tenemos la confianza de que no sea así, pero hay algunos puntos más allá de nuestro control».

Seguramente como respuesta a los planteos que vienen haciendo las grandes cadenas de supermercados en encuentros con Tangelson y Salas, los ejecutivos de P&G aseguraron: «Mantendremos los precios y las entregas de los productos incluidos en el listado. Lo contrario sería poco serio». Los supermercadistas (que representan 40% de las ventas de P&G; el resto se canaliza a través de mayoristas) habían reclamado que para renovar su convenio hasta diciembre de este año, se les debía garantizar que los proveedores no modificaran las presentaciones ni las «promociones» sobre los precios de sus productos como forma de eludir el cumplimiento de sus propios acuerdos.

• Factores externos

Es obvio, de todos modos, que todos estos acuerdos son contingentes a una serie de factores externos, que ni el gobierno ni las empresas podrían controlar. Es el caso de los insumos importados, muchos de los cuales -dice el informante- «ni siquiera se fabrican en el Mercosur, y dependen por caso de cuánto aumente la demanda de China. O el petróleo, que es un componente básico de nuestros proveedores de envases». También hay variables macroeconómicas, como las tasas municipales y lo que los empresarios califican de «impuestos distorsivos», que podrían complicar la supervivencia de estos acuerdos. El convenio menciona como «distorsiva» la legislación sobre accidentes de trabajo, lo que no deja de resultar sumamente llamativo, habida cuenta del incipiente enfrentamiento entre Economía y el Ministerio de Trabajo por definir cuál de dos proyectos de reforma de la ley en danza se envía al Congreso para su tratamiento.

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